La ciudad de Glenwood Springs demandó a un arrendador con sede en Florida que es propietario de parte del Midland Center, donde el ICE tiene una oficina y un centro de detención temporal. La demanda alega que el arrendador está infringiendo las normas municipales de zonificación al seguir permitiendo que el ICE detenga a personas en dicho lugar, meses después de que la ciudad revocara el permiso de uso especial de las instalaciones.
La ciudad presentó su demanda contra el arrendador, JG Housing Solutions, el 25 de septiembre ante el Tribunal de Distrito del condado de Garfield, tras la decisión del concejo municipal de Glenwood Springs, del 6 de agosto, de emprender acciones legales.
En su demanda, Glenwood Springs solicita al tribunal que declare que JG Housing Solutions “no alquile ninguna propiedad que infrinja el Código Municipal” y que prohíba de forma permanente a la empresa alquilar el local situado en 100 Avenida Midland para su uso como centro de detención. La demanda indica además que la ciudad y el público “sufrirán daños irreparables si continúan dichos incumplimientos, al no protegerse su salud, seguridad y bienestar”.
La ciudad solicitó que se le “reembolsara una multa de $1,000 al día desde el primer incumplimiento del código” hasta que cesen los incumplimientos; o, en su defecto, una multa de $1,000 “por cada incumplimiento específico del código”. La ciudad también solicita al arrendador que corra con los “costes razonables” de la demanda.
Con el fin de impedir que el arrendador del ICE siga deteniendo a personas durante los procedimientos judiciales, en la demanda también se exponen los fundamentos para solicitar una medida cautelar que suspendería todas las detenciones en el lugar. Los funcionarios municipales confirmaron que estudiarán la posibilidad de presentar un pedimento independiente para solicitar dicha medida cautelar.
En una declaración escrita del 28 de septiembre, la ciudad afirmó que siguió las prácticas habituales y adoptó las mismas medidas que adoptaría con cualquier otra entidad para hacer cumplir su código de uso del suelo. Los funcionarios municipales se negaron a hacer más comentarios, haciendo referencia al litigio pendiente.
JG Housing Solutions está registrada en Colorado como sociedad de responsabilidad limitada con sede principal en Florida. Los registros del impuesto sobre la propiedad y los documentos mercantiles estatales vinculan a la Sociedad de Responsabilidad Limitada (LLC, por sus siglas en inglés) con Jeff Gillespie, quien no respondió a una solicitud de comentarios.
La Administración de Servicios Generales de los Estados Unidos (GSA, por sus siglas en inglés) gestiona el contrato de arrendamiento comercial de las instalaciones del ICE en Glenwood Springs y supervisó la solicitud original del permiso municipal. La GSA paga $212,304 de alquiler anual a JG Housing Solutions por el espacio comercial, según su inventario de arrendamientos de agosto.
En un correo electrónico del 30 de septiembre, un portavoz de la GSA dijo que la agencia “no hace comentarios sobre litigios en curso”. Aspen Public Radio y Aspen Journalism también se pusieron en contacto con el ICE y su agencia matriz, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), para recabar comentarios sobre la demanda. Ninguna de las dos entidades respondió a tiempo para la publicación.
La demanda se produce tras meses en los que los residentes instaron a la ciudad a actuar y tras una votación del concejo municipal de 6 a 1 el 6 de agosto, en la que se ordenaba al fiscal municipal Karl Hanlon y a su bufete – Karp Neu Hanlon – que llevaran el asunto ante un tribunal estatal. Hanlon también brinda asesoría legal a Aspen Public Radio.
Durante el periodo de comentarios del público previo a la votación del concejo en agosto, algunas personas describieron el impacto que las instalaciones de ICE han tenido en sus vecinos inmigrantes que fueron detenidos o que tenían a un familiar recluido allí. Otros argumentaron que no hacer cumplir el código frente a un arrendador debilitaría la capacidad de la ciudad para hacerlo cumplir con otros.
En última instancia, los miembros del concejo plantearon su decisión como una cuestión de uso del suelo, no de política de inmigración, y varios dijeron que la ciudad no debía sentar un precedente al hacer caso omiso de su propio código. La sala, repleta de asistentes, estalló en aplausos cuando se aprobó la moción.
Detenciones sin permiso
La ciudad aprobó por primera vez un permiso de uso especial para las instalaciones del Midland Center en 2003, lo que permitía al ICE detener temporalmente a personas durante un máximo de 12 horas cada vez antes de trasladarlas a un centro de detención más grande, como el de Aurora, gestionado por el GEO Group (El GEO Group es una empresa estadounidense que opera prisiones privadas, centros de detención de inmigrantes y centros residenciales de salud mental para agencias gubernamentales).
Las pequeñas instalaciones de detención del ICE son espacios de tramitación temporal que no están concebidas para albergar a personas durante la noche. Recientemente han sido objeto de críticas en todo el país debido a las escasas medidas de supervisión y a los tiempos de detención más prolongados.
El escrutinio de las instalaciones de Glenwood Springs se intensificó a principios de este año y, finalmente, las quejas de los residentes, las solicitudes de acceso a registros públicos y las noticias de prensa llevaron a la ciudad a examinar la situación más detenidamente. A principios de marzo, la ciudad revisó datos federales del Deportation Data Project (Proyecto de Datos sobre Deportaciones), un proyecto de las facultades de Derecho de la Universidad de California en Berkeley y la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), que mostraban que el límite de 12 horas se había cumplido o superado en 10 ocasiones en mayo y agosto de 2025.
Por otra parte, un análisis de Aspen Journalism sobre unos 15 años de datos de control migratorio del ICE reveló que, de un total de aproximadamente 1,200 detenciones, se produjeron al menos 17 que superaron las 12 horas entre el 1 de octubre de 2011 y el 6 de agosto de este año. Aproximadamente la mitad de esas detenciones que duraron más de 12 horas se produjeron después de que la segunda Administración Trump ampliara las medidas de control de la inmigración, y la última de ellas se registró el 5 de marzo.
En respuesta a los incumplimientos relacionados con la detención de 12 horas, la Comisión de Planificación y Zonificación de la ciudad votó 5 a 1 en una audiencia pública celebrada el 28 de abril a favor de revocar el permiso de uso especial. Según la ciudad, una grabación de la audiencia muestra que un representante de JG Housing Solutions, identificado como el Señor Gillespie, asistió a la audiencia en línea. Sin embargo, ni el arrendador, la GSA ni el ICE apelaron la decisión.
Dado que la ciudad adoptó en 2018 un nuevo código de uso del suelo que ya no permite los centros de detención, la denuncia de la ciudad afirma que su decisión de revocar el permiso es definitiva y que el propietario, “al igual que cualquier otro propietario de la ciudad, no puede utilizar ni alquilar su propiedad para fines de detención”.
No obstante, los funcionarios municipales dijeron que el 24 de julio recibieron por primera vez pruebas de que el ICE seguía deteniendo a personas en las instalaciones cuando el departamento de bomberos local acudió a una llamada de emergencia médica en dicho lugar. La ciudad también encontró datos recientes del ICE publicados por el Deportation Data Project, que confirmaban que la agencia mantenía a detenidos en las instalaciones después del 28 de abril.
El análisis realizado por Aspen Journalism a partir de esos mismos datos encontró que, entre el 29 de abril y el 6 de agosto, el ICE detuvo a 27 personas en las instalaciones sin permiso. La duración máxima de la detención durante ese periodo fue de ocho horas y 42 minutos.
Estos hallazgos, junto con una directiva emitida por el concejo municipal el 6 de agosto, llevaron a la ciudad a presentar su denuncia. El reclamo central de la demanda es que JG Housing Solutions permitió que el ICE siguiera deteniendo a personas en su centro de retención temporal de Glenwood Springs después de que la ciudad revocara en abril su permiso, que llevaba décadas en vigor.
Las autoridades federales no han abordado directamente la mayoría de los presuntos incumplimientos, incluido el uso continuo del centro de detención tras la revocación del permiso y las alegaciones de la ciudad en materia de zonificación. Sin embargo, en un correo electrónico enviado a Aspen Public Radio y a Aspen Journalism el 7 de agosto, un portavoz del DHS negó que el ICE mantenga a personas en las instalaciones durante más de 12 horas, describiéndolas como un centro de tramitación, no como un centro de detención.
En marzo, un portavoz del ICE calificó los datos de terceros del Deportation Data Project como “no verificados”. El grupo dice que obtiene sus datos directamente de solicitudes de acceso a registros públicos, litigios y divulgaciones gubernamentales.
La demanda sigue adelante
Durante la sesión del concejo municipal el 6 de agosto, Hanlon, el fiscal de la ciudad, recomendó al Concejo Municipal de Glenwood Springs que demandar al propietario de las instalaciones ante un tribunal estatal era su mejor opción para obtener un resultado favorable, en lugar de demandar a ICE y a la GSA ante un tribunal federal.
Hanlon también dijo que el propietario podría argumentar que la cláusula de supremacía de la Constitución de los Estados Unidos impide que la aplicación de la normativa local de zonificación interfiera en la potestad del gobierno federal para hacer cumplir la legislación en materia de inmigración.
Anticipándose a ese argumento, la demanda enumera centros de detención alternativos de ICE en Colorado, incluido uno en Grand Junction.
“El trabajo de aplicación de la ley de ICE no se vería afectado por la prohibición de las detenciones en el contrato de arrendamiento”, afirma la demanda. ICE podría seguir aplicando las leyes de inmigración en la ciudad, argumenta la demanda, y seguir utilizando el Midland Center para tareas administrativas, algo que permite la normativa local de zonificación.
La ciudad también alega que los contratos de arrendamiento estándar de la GSA suelen exigir que el dueño de la propiedad y el gobierno cumplan con todas las leyes locales y estatales, así como con las leyes federales.
La demanda de la ciudad se basa en una ley estatal que permite a los municipios de Colorado solicitar medidas cautelares contra propiedades que infrinjan repetidamente sus normativas. Califica las detenciones en curso de “molestia” que no cesará a menos que un tribunal obligue al arrendador a ponerles fin, y sostiene que “la aplicación de las normativas legales sobre el uso del suelo protege la salud, la seguridad y el bienestar del público”.
Durante la reunión del 6 de agosto, Hanlon estimó que la resolución del caso podría tardar entre 18 y 24 meses. Si el tribunal concede a la ciudad una medida cautelar, se impediría a JG Housing Solutions alquilar el espacio para detenciones mientras se tramita la demanda.
El arrendador tendrá 21 días para responder una vez que se le notifique la demanda.
Traducción por Convey Language Solutions