Como abogada de inmigración, todos los clientes con los que me encuentro desean convertirse en residentes permanentes legales. Sin embargo, cada vez es más difícil cumplir los requisitos, en parte debido a la prueba de carga pública.
La carga pública es una política que los funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) utilizan para analizar las solicitudes de Green Card (residencia permanente legal) cuando los solicitantes aplican a través de familiares, o en el caso de quienes solicitan una visa de inmigrante para visitar los Estados Unidos. También se aplica en algunas personas con Green Card que permanecen fuera de los Estados Unidos durante más de seis meses.
Por ley, el USCIS debe examinar la situación de vida completa del solicitante para decidir si puede obtener una tarjeta de residente permanente. Se considera su edad, su salud y su familia. También se comprueban sus ingresos, su formación académica y sus habilidades laborales. Como parte de este análisis también incluye si un familiar u otra persona se han comprometido a darle apoyo económico.
La prueba de carga pública evalúa si existe la posibilidad de que usted dependa del gobierno en algún momento. Una nueva política que entrará en vigor el 18 de septiembre establece que el USCIS puede tener en cuenta cualquier tipo de prestación que haya utilizado y que esté destinada a personas con ingresos limitados. El hecho de haber recibido un beneficio no le inhabilita automáticamente. Debido a la complicidad de estas normas, es aconsejable consultar con un abogado antes de salir del país o de solicitar la tarjeta de residencia.
El artículo 212(a)(4) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, también conocido como carga pública, establece los motivos de inadmisibilidad según la legislación estadounidense y se aplica a las personas que solicitan una visa, admisión al país o el ajuste de su estatus. Se puede considerar que una persona es inadmisible si, en el momento de presentar la solicitud, es probable que se convierta en una carga pública, lo que significa que dependa principalmente de la ayuda del gobierno para subsistir, ya sea a través de beneficios públicos de efectivo o de cuidado institucional a largo plazo a cargo del gobierno (la rehabilitación médica a corto plazo no está incluida).
No aplica para todos
La carga pública se aplica a las solicitudes de ajuste de estatus (AOS) y a las solicitudes de visado de inmigrante, pero NO se aplica a todas las solicitudes de AOS. Por lo general, la carga pública se aplica a los AOS por motivos familiares y a los AOS por motivos laborales. La carga pública NO se aplica a otras solicitudes de inmigración, a los AOS para menores inmigrantes especiales, a los visados U, a los visados T, a las peticiones por violencia contra las mujeres, a los asilados, a los refugiados ni a otros casos.
Ejemplos de carga pública
Ejemplos de carga pública incluyen: 1) Seguridad de ingreso suplementario; 2) ayuda temporal en efectivo para familias necesitadas (TANF), sin incluir las prestaciones complementarias en efectivo ni ninguna prestación no monetaria proporcionada bajo la TANF; y 3) programas estatales y locales de ayuda en efectivo destinados al mantenimiento de los ingresos (conocidos como asistencia general estatal). Este tipo de ayudas también son conocidas como “beneficios sujetos a condiciones de recursos”.
¿Qué ha cambiado?
La Regulación sobre la Carga Pública de 2022 fue derogada el 20 de julio, y la fecha efectiva del cambio es el 18 de septiembre. La nueva norma sobre la carga pública considera que un mayor número de beneficios públicos constituyen una carga pública, incluyendo ahora también los beneficios de los familiares, mediante un modelo de análisis basado en la “totalidad de las circunstancias”. Que un patrocinador presente un formulario I-864 (declaración jurada de manutención) suele ser suficiente, pero es solo uno de los factores que se tienen en cuenta junto con todos los demás. La mala noticia es que ahora será una decisión más subjetiva por parte del funcionario del USCIS.
Determinación de carga pública
Hay medidas que un solicitante de AOS puede tomar para evitar o hacer frente a una determinación de carga pública. Con un formulario I-864, un patrocinador estadounidense puede comprometerse legalmente a mantener económicamente al solicitante, demostrando que este no dependerá de los beneficios públicos. La documentación financiera, como declaraciones de impuestos, estados de cuenta bancarios, comprobación de empleo y bienes activos, pueden reforzar el caso.
Si los ingresos del patrocinador principal son insuficientes, un copatrocinador puede ayudar a cumplir el requisito. En el caso de los solicitantes de visas de no inmigrante, demostrar independencia económica y fuertes vínculos con su país de origen puede reducir el riesgo de que se le considere una carga pública.
Contar con la ayuda de un abogado de inmigración calificado puede marcar la diferencia entre que una solicitud sea aprobada o denegada. Alpine Legal Services puede facilitar referirlo a abogados miembros de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración tanto a nivel local como estatal.
Aviso del autor: Este artículo no constituye asesoría legal. Cada caso individual depende de circunstancias específicas. Por lo tanto, le recomendamos consultar con un abogado de inmigración familiar si a usted le preocupa cómo afectará a su solicitud de ajuste de estatus como residente permanente legal, el hecho de recibir beneficios sujetos a condiciones de recursos.
Alpine Legal Services
Traducción por Dolores Duarte