El comisionado Mike Samson volvió a estar ausente durante la reunión de esta semana de la Junta de Comisionados del Condado de Garfield (BOCC, por sus siglas en inglés), celebrada el lunes 17 de agosto.

Fred Kuersten, residente de Peach Valley, volvió a presentarse ante los comisionados durante el periodo de comentarios públicos para exhortarlos a atender los canales de drenaje con el fin de reducir el riesgo de inundaciones en la zona. Varios propietarios resultaron significativamente afectados por el deslizamiento de lodo de Slaughterhouse Gulch, que cerró la Interestatal 70 en julio. También sugirió que los propietarios de terrenos vecinos mantengan despejados sus canales de drenaje.
“Los canales naturales deberían tener prioridad sobre que los propietarios hagan que sus jardines se vean bonitos”, dijo.
Kate Collins, directora ejecutiva del Middle Colorado Watershed Council (MCWC), también se presentó durante los comentarios públicos para hablar sobre el mismo asunto. El comisionado Perry Will se había acercado al MCWC “para explorar oportunidades para reducir el riesgo de futuras inundaciones mediante la restauración de la cuenca hidrográfica aguas arriba”, explicó.
El presidente Tom Jankovsky señaló que, además del condado y los propietarios de terrenos, la Oficina de Administración de Tierras (BLM, por sus siglas en inglés) también es una de las partes involucradas en este caso. Debido a los impactos en la I-70, Collins y los comisionados coincidieron en que el Departamento de Transporte de Colorado (CDOT) podría estar interesado en colaborar en la búsqueda de soluciones.
Will y Collins se reunieron recientemente con residentes, personal de Carreteras y Puentes del condado, así como con un hidrólogo y un ingeniero de SGM Engineering. Collins explicó que el personal de SGM sugirió comenzar con una evaluación para definir el problema. El costo estimado de una evaluación realizada por SGM sería de entre $5,000 y $8,000, señaló.
“El Middle Colorado Watershed Council está aquí para ayudar como una organización que reúne a las partes”, dijo Collins. “Creo que los propietarios no están señalando culpables. Lo que escuché fue una verdadera disposición a intentar trabajar juntos para encontrar una solución. Se sienten vulnerables y se sienten positivos respecto a hacer algo”.
En la zona se han registrado inundaciones históricas en 1957, 1983 y 2006.
Más adelante, el residente Del Whittington estaba incluido en la agenda, aunque no estuvo presente de manera física ni virtual, para solicitar oficialmente que se eximiera a los residentes afectados por el deslizamiento del pago de las tarifas del vertedero.
“Varios de los propietarios… de allá arriba me han preguntado sobre esto”, dijo el comisionado Will, cuyo distrito incluye Peach Valley. Agregó que está haciendo elaborar una lista de los propietarios que solicitan la exención.
Deb Fiscus, administradora del vertedero, dijo que necesitaba consultar con el estado para determinar si era necesario analizar alguno de los escombros, y señaló que había una buena posibilidad de que no fuera necesario, ya que en su mayoría se trata de material natural. “Sin embargo, si nos equivocamos en ese punto en particular, coloca al vertedero en una posición de estar violando nuestro permiso”, explicó. Dijo que debería tener una respuesta del estado más adelante durante la semana.
Fiscus agregó que después necesitaría la lista de propietarios y transportistas, así como instrucciones de la BOCC sobre cualquier límite monetario y el plazo.
“Fuera de eso, simplemente encontraremos un lugar donde colocarlo y ahí es donde lo descargarán, y estaremos listos para proceder”, dijo.
El personal sugirió enviar una carta a los propietarios explicando las normas para desechar los escombros en el vertedero. La BOCC decidió establecer un plazo de 60 días y no imponer límites a las exenciones de tarifas.
Sendero LoVa
Jeanne Golay, directora ejecutiva de la Lower Valley (LoVa) Trail Association, regresó, esta vez como parte de la agenda, para solicitar una carta de apoyo a la solicitud de subvención del Programa de Acceso a Tierras Federales (FLAP, por sus siglas en inglés) de la ciudad de Glenwood Springs, destinada a apoyar el proyecto del sendero LoVa.
Golay explicó que la ciudad está solicitando $19.5 millones y señaló que actualmente hay $64 millones disponibles para entidades dentro de Colorado. El condado presentó dos solicitudes para la misma subvención destinadas a mejoras viales.
El comisionado Will señaló que, si el condado tiene éxito con sus solicitudes, podría ahorrarles $2 millones a los contribuyentes. “Creo que tengo la responsabilidad de poner primero el interés fiscal del condado”, dijo. “No se trata de elegir al condado por encima de LoVa, sino de ser buenos administradores del dinero de nuestros contribuyentes”.
El presidente Tom Jankovsky dijo que apreciaba la salvedad incluida en la carta propuesta, que había sido discutida durante las dos reuniones anteriores, en la que el condado “no expresa aquí una preferencia por el sendero LoVa sobre nuestras propias solicitudes”.
Golay volvió a señalar que Julia Dietsch, gerente de FLAP, aseguró que la carta de apoyo no sería considerada un conflicto de intereses y que no contar con una carta del condado podría perjudicar las posibilidades de éxito de la solicitud.
Los dos comisionados se dividieron en la votación de la moción, dejando efectivamente la propuesta de una carta de apoyo sin avanzar.
Impuesto de la biblioteca
El nuevo director ejecutivo del Distrito de Bibliotecas Públicas del Condado de Garfield (GCPLD, por sus siglas en inglés), Abraham Korah, se presentó ante la BOCC por primera vez en su nuevo cargo, acompañado por Adrian Rippy-Sheehy, presidente de la Junta Directiva del GCPLD, para hablar sobre la medida electoral propuesta por el distrito para extender su impuesto de 1.00 mill, que vence en 2027.
Si se aprueba, Rippy-Sheehy dijo que los propietarios continuarían pagando aproximadamente $38 al año, con base en el valor tasado medio de las propiedades. También señaló que las bibliotecas recibieron un 80% de aprobación entre los votantes del condado en una encuesta realizada por un tercero a principios de este año, “algo que no se había visto”.
“Lo llaman niveles de aprobación al nivel de los bomberos”, agregó Korah. “Por lo general, las bibliotecas son consideradas un servicio público de segundo nivel, y nosotros fuimos considerados de primer nivel para las comunidades rurales”.
Los comisionados coincidieron en que la decisión debía quedar en manos de los votantes, algo que Rippy-Sheehy dijo que también era la postura de la junta directiva de la biblioteca.
Aunque los comisionados estuvieron de acuerdo, la abogada del condado, Heather Beattie, señaló que, de acuerdo con la ley, la BOCC “deberá” colocar la propuesta en la boleta electoral cuando el distrito de bibliotecas lo solicite, por lo que, de cualquier manera, los comisionados tenían pocas opciones.
Los comisionados aprobaron por unanimidad colocar la pregunta en la boleta electoral.
Para ver la reunión completa de la BOCC, visite, garfieldcountyco.gov/board-commissioners.
