Después de casi dos años, el Departamento de Policía de Carbondale (CPD) ha identificado a un posible sospechoso en un caso de presunta agresión sexual que sacudió la sensación de seguridad de la comunidad. Sin embargo, el sospechoso fue expulsado recientemente de Estados Unidos y enviado a El Salvador, por lo que los siguientes pasos en el caso local aún no están del todo claros.
La Policía de Carbondale anunció un avance en el caso la tarde del viernes 5 de septiembre, al informar que un acontecimiento reciente comunicado por la Oficina de Investigaciones de Colorado (CBI) llevó a identificar a Numan Enoc Santos-Amaya (fecha de nacimiento: 12 de noviembre de 1996) como posible sospechoso.
Según las acusaciones del caso, el 2 de noviembre de 2024, el sospechoso agredió sexualmente a una residente de edad avanzada de Carbondale después de entrar a la fuerza a su vivienda. El 4 de noviembre de 2024, unas 300 personas se reunieron en Old Thompson Barn, mientras otras 500 participaron a través de Zoom, para recibir información actualizada de la policía, que en ese momento también pidió ayuda a la comunidad para identificar al sospechoso.
El jefe de la Policía de Carbondale, Kirk Wilson, dijo recientemente a Sopris Sun que el departamento se ha mantenido en contacto regularmente con la sobreviviente y su familia desde el inicio del caso. Dijo que la familia está agradecida por el avance, pero que también tiene muchas preguntas.
“Especialmente porque ya no está en Estados Unidos, todavía estamos tratando de determinar qué sucede después”, dijo Wilson. “Todavía hay muchas preguntas sobre ‘¿qué le depara el futuro a este caso?’”.
La Policía de Carbondale no quiso hablar oficialmente sobre la naturaleza exacta de la pista ni sobre ninguna nueva evidencia, señalando que desea preservar la integridad del caso en caso de que llegue a los tribunales. El fiscal del Noveno Distrito Judicial, Ben Sollars, expresó una postura similar.
Como se informó anteriormente en The Sun, la Oficina de Investigaciones de Colorado, (CBI, por sus siglas en inglés) recibió en 2024 la tarea de examinar la evidencia de ADN recopilada en la escena.
El 21 de julio de este año, Santos-Amaya fue detenido por un incidente separado en el condado de Garfield e ingresado en la cárcel del condado. Actualmente tiene una orden de arresto en ese caso por no haberse presentado ante el tribunal, según Sollars.
Fue entonces cuando surgió la aparente conexión con este caso, pero para cuando la CBI informó al CPD el miércoles 26 de agosto, Santos-Amaya ya estaba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un centro de detención en Luisiana. Ese viernes, un sargento del CPD y un agente de la CBI volaron a Luisiana para investigar. Allí, el departamento se puso en contacto con Santos-Amaya en el centro de detención. Días después, el CPD recibió información de que Santos-Amaya había sido deportado a El Salvador el lunes siguiente.
Según la investigación realizada hasta ahora por The Sun, no está claro cuándo Santos-Amaya fue detenido por ICE. Tampoco está claro si Santos-Amaya continúa bajo algún tipo de custodia en El Salvador, un detalle sobre el cual ni el CPD ni la Oficina del Fiscal de Distrito quisieron dar más información por el momento.
“No hablaré de nada que pudiera afectar negativamente nuestra capacidad para localizar y extraditar a personas que tienen órdenes de arresto pendientes”, dijo Sollars.
El departamento de policía ha recomendado los siguientes cargos: robo con allanamiento en primer grado (delito grave, Clase 3); agresión sexual — sometimiento, fuerza, amenaza u otro medio (delito grave, Clase 2); robo (delito grave, Clase 4); secuestro en primer grado (delito grave, Clase 1); y delitos contra una persona en situación de riesgo — agresión sexual (delito grave, Clase 3).
La Oficina del Fiscal de Distrito todavía estaba evaluando el caso el martes 9 de septiembre, antes de decidir qué cargos presentar ante el Tribunal de Distrito del Condado de Garfield.
“Nuestra oficina está revisando actualmente la investigación y determinará qué cargos penales, si corresponde, están respaldados por la evidencia”, dijo Sollars a The Sun. “Debido a que ese proceso continúa, sería inapropiado que nuestra oficina hablara en este momento sobre elementos específicos de la evidencia, posibles cargos o nuestra evaluación de la evidencia”.
Según Sollars, hasta que se presenten cargos no se asignará un número de caso. Agregó que, por lo general, una vez que la Oficina del Fiscal de Distrito presenta los cargos, se detiene el plazo del estatuto de limitaciones, lo que deja abierta la posibilidad de un proceso judicial en el futuro.
“Este es un caso que afectó directamente no solo a nuestra comunidad, sino también a una persona vulnerable de nuestra comunidad”, dijo Wilson. “Aunque todavía hay mucho terreno desconocido por delante, es realmente reconfortante saber que todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, parece estar llegando a un punto decisivo”.
Sollars señaló que todo sospechoso en un caso penal se presume inocente hasta que la fiscalía demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable. El CPD reiteró este punto en un comunicado de prensa.
La información relacionada con este caso puede reportarse al CPD llamando al 970-963-2662.