Grand River Health (GRH), ubicado en Rifle, no va a cerrar. Así lo afirmó el director ejecutivo Jim Coombs en una carta enviada el 11 de julio a The Sopris Sun. Según Coombs, la cobertura de algunos medios sobre los recortes propuestos a Medicaid en el proyecto de ley conocido como Big Beautiful Bill Act (BBB) fue incorrecta. “Los criterios utilizados para identificar hospitales en riesgo incluían tener márgenes operativos negativos durante los últimos tres años”, explicó. “Grand River Health no cumple con ese criterio, hemos mantenido márgenes positivos durante ese tiempo”.
Todo comenzó a principios de junio, cuando los senadores Ed Markey (D-MA), Ron Wyden (D-OR), Jeff Merkley (D-OR) y Chuck Schumer (D-NY) solicitaron oficialmente al Centro de Investigación en Salud Cecil G. Sheps de la Universidad de Carolina del Norte un análisis del proyecto de reconciliación presupuestaria y sus posibles impactos en hospitales rurales.
El informe del Centro Sheps identificó seis hospitales en Colorado, incluido GRH en Rifle, que podrían estar en riesgo de cerrar si se concretan los recortes a Medicaid. Los otros hospitales mencionados fueron Delta Health en Delta, San Luis Valley Health en La Jara, Prowers Medical Center en Lamar, Southwest Memorial Hospital en Cortez y Arkansas Valley Regional Medical Center en La Junta. El presidente Donald Trump firmó la ley BBB el 4 de julio, que contempla casi un billón de dólares en recortes a Medicaid durante la próxima década.
Según el Departamento de Política y Financiamiento del Cuidado de Salud de Colorado (CDHCPF), uno de cada cuatro habitantes del estado depende de Medicaid. Algunos de los cambios que introduce la BBB no entrarán en vigor hasta diciembre de 2026, como el aumento en la frecuencia de renovaciones de elegibilidad (de una vez al año a dos veces) y la implementación de nuevos requisitos laborales para los beneficiarios.
Sin embargo, el golpe económico más fuerte podría llegar en octubre de 2027, cuando se apliquen reducciones en las tarifas que reciben los proveedores y recortes en la financiación federal relacionada. Es en ese punto donde se reducirían los ingresos que financian Medicaid y el programa estatal Child Health Plan Plus, advierte el CDHCPF.
Colorado anticipó este tipo de escenarios en 2017, cuando creó el programa estatal Colorado Healthcare Affordability and Sustainability Enterprise (CHASE) a través de la Ley de Asequibilidad y Sostenibilidad del Cuidado de Salud. En este esquema, los hospitales pagan una tarifa que es igualada por fondos federales de Medicaid, lo cual permite aumentar los pagos a los hospitales y ampliar la cobertura médica en los programas estatales como Medicaid y el CICP (Programa de Atención para Personas Indigentes). Este último cubría la diferencia cuando los pagos de Medicaid no alcanzaban a cubrir el costo real de atención, aunque dicho programa fue descontinuado el 1 de julio.
Según el informe comunitario de 2024, GRH tuvo un ingreso neto superior a los $20 millones. Coombs insiste en que el hospital ha mantenido márgenes positivos desde 2021, lo que contradice el criterio del informe Sheps que sugería pérdidas sostenidas. Además, señaló que solo el 17% de sus pacientes están afiliados a Medicaid, un porcentaje menor al promedio estatal del 25% y al nacional del 20%.
Coombs también declaró que “2024 fue un año récord” para el hospital y que están “bien preparados para enfrentar” la disminución en los ingresos por impuestos a la propiedad. Sin embargo, no mencionó que, según el mismo informe de 2024, GRH no recibió pagos federales por servicios de Medicaid y Medicare, una suma que asciende a $59,379,500. Los pacientes de Medicare representan el 39% de su población atendida, lo que significa que un 56% del total depende de programas federales, de los cuales el 17% podría quedar sin cobertura.
Solo el 10% del financiamiento de GRH proviene de impuestos (incluyendo los prediales), mientras que el 90% proviene de pagos por atención médica, ya sea directamente por los pacientes, seguros privados, o programas estatales y federales. Hasta la fecha, Coombs no ha respondido a una solicitud de comentarios por parte de The Sopris Sun.
¿Cómo se adaptará GRH ante la pérdida del CICP y los futuros recortes a Medicaid?
Una posible solución es la propuesta del programa State Directed Payments (SDP), enviada en junio a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid. Este programa ya opera en 40 estados y tiene como objetivo cubrir la brecha entre las bajas tarifas de Medicaid y el verdadero costo de brindar atención médica. Tal vez esta sea una de las soluciones sostenibles que Coombs sugiere considerar a los legisladores para proteger a los hospitales rurales.
Traducción por Bianca Godina