El jueves, miembros de la comunidad de todo el condado de Garfield se reunieron en el centro Morgridge Commons de Glenwood Springs para escuchar al fiscal general de Colorado, Phil Weiser, abordar algunos de los desafíos más apremiantes del Western Slope.
Weiser, quien actualmente se encuentra en su segundo mandato como fiscal general, es uno de los candidatos que buscan la nominación del Partido Demócrata para gobernador de Colorado en las primarias demócratas de junio de 2026.
La visita del fiscal general al Western Slope marca el primer evento de una serie de charlas bilingües lanzada por la colaboración CoWest Noticias, un esfuerzo entre redacciones locales del Valle de Roaring Fork para abordar la equidad informativa en la región: Aspen Daily News, Aspen Journalism, Aspen Public Radio, Aspen Times, KDNK Community Radio, La Tricolor, Post Independent, Sopris Sun, y Sol del Valle.
Además de enfocarse en el trato de la actual administración presidencial hacia la Constitución, el trauma entre oficiales de policía y la crisis de salud mental que acompaña al uso de opioides y los peligros de las redes sociales, Weiser también se tomó el tiempo para responder preguntas del público sobre temas delicados como la inmigración.
Entre las inquietudes planteadas por los asistentes del condado de Garfield estuvo la pregunta sobre las responsabilidades del fiscal general de Colorado cuando se determina que la policía local está violando la ley estatal, específicamente aquella que prohíbe a los alguaciles locales colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para llevar a cabo detenciones migratorias.
La pregunta presumiblemente se refiere a la investigación en curso de la Oficina del Sheriff del condado de Mesa, luego de que una estudiante de la Universidad de Utah de 19 años fuera detenida por cortar el paso a un camión y luego reportada a ICE. Las imágenes de la cámara corporal muestran al oficial que realizó la parada señalando el acento de la estudiante y preguntándole dónde nació.
“He anunciado que ahora estoy investigando a la Oficina del Sheriff del condado de Mesa por esta misma cuestión”, dijo Weiser. “Mi trabajo como fiscal general es hacer cumplir la ley, y por eso estamos investigando la situación”.
Con respecto al temor que experimentan algunas comunidades inmigrantes, Weiser dijo que apoya un sistema migratorio que “funcione bajo el estado de derecho, de manera sensata, y que trate a las personas como personas”.
“Las personas que tienen una base válida para quedarse deben ser tratadas legal, sensata y humanamente. Las personas que, por ejemplo, han cometido crímenes violentos y son deportables, deben ser deportadas después del debido proceso de ley”, dijo Weiser.
“Si sigues algunos casos donde las personas son deportadas a otros países sin el debido proceso legal, buscando evitar que tengan cualquier tipo de defensa… eso es una violación de la Constitución, y no lo vamos a permitir”, agregó.
En cuanto a la postura del departamento frente a la reciente solicitud del gobernador Jared Polis de entregar a ICE información sobre los patrocinadores de niños inmigrantes indocumentados, Weiser dijo que su departamento no está involucrado en ese caso y, por lo tanto, no puede comentarlo.
El estado de derecho
Weiser comenzó su intervención abordando el uso de órdenes ejecutivas por parte del presidente Trump para eludir el sistema de pesos y contrapesos de la Constitución de los EE.UU., y llamó al Congreso a “hacer su trabajo”.
“El Congreso es un poder igualitario del gobierno. Es muy importante que el Congreso haga su trabajo y asegure que un presidente no pase por encima de la autoridad del Congreso”, dijo. “Lo que ha sucedido hasta ahora es que los fiscales generales estatales y los tribunales han estado haciendo cumplir la ley… Necesitamos que el Congreso también haga un mejor trabajo protegiendo la Constitución”.
Weiser argumentó que la administración Trump ha excedido su autoridad en varias ocasiones, sin respetar el estado de derecho.
La decisión de la administración Trump de detener el programa AmeriCorps, ordenado por el Congreso, y su instrucción de cortar fondos a investigaciones sobre desigualdades en el sistema de salud, son ilegales, argumentó el fiscal, ya que solo el Congreso tiene el poder de derogar leyes aprobadas. La oficina del fiscal general se unió a una demanda multilateral a principios de este año y un juez ordenó desde entonces que la mayoría de los programas de AmeriCorps continúen operando.
“Eso ha ocurrido múltiples veces. Y cada vez que sucede, me duele ver que el gobierno federal está ignorando el estado de derecho”, dijo Weiser.
Abordando la crisis de salud mental del estado
Weiser rápidamente pasó a hablar sobre la importancia de la conciencia de salud mental dentro de las fuerzas del orden, recordando a un jefe de policía en Colorado que había enfrentado caso traumático tras caso traumático, desde presenciar un tiroteo con participación de oficiales hasta responder a llamadas por abuso infantil. El trauma del trabajo llevó al oficial a usar fuerza excesiva en una situación donde no era apropiado, lo que puso fin a su carrera.
“La pregunta que me ha perseguido desde entonces es: ‘¿Cómo permitimos que fracasáramos con ese oficial?’”, dijo Weiser. “Demasiado a menudo, a los oficiales se les dice frente al trauma: ‘Aguántate, no reconozcas cuando estás en una situación traumática’”.
Weiser dijo que su oficina está rediseñando el entrenamiento policial en Colorado para incorporar estrategias de conciencia emocional y aumentar las oportunidades de conexión comunitaria, lo cual considera “una de las formas más importantes e impactantes de salvar vidas”.
“Lo poderoso es que los oficiales que sienten esa conexión, que están en una comunidad comprometida, también tienen mayor satisfacción y compromiso en su trabajo”, dijo.
También directamente relacionado con el trauma está el impacto de la crisis de los opioides en los habitantes de Colorado y la falta de apoyo para quienes luchan contra la adicción. En particular, Weiser destacó su encuentro con un joven que, tras ser liberado de la cárcel, murió por una dosis mortal de fentanilo porque la cárcel no pudo proporcionarle medicación para combatir su adicción durante su condena.
“Lo que le dije (a su madre) es que íbamos a asegurarnos desde nuestra oficina de que cada cárcel en Colorado ofreciera tratamiento con medicamentos para la adicción”, dijo Weiser. “Así que estamos dando a las personas la oportunidad de mejorar y no quedar atrapadas en este ciclo vicioso de adicción, sobredosis y comportamiento delictivo. Y me enorgullece decir que ahora cada cárcel en Colorado tiene acceso a tratamiento con medicamentos para la adicción”.
Weiser dijo que el trabajo de su oficina contra las compañías farmacéuticas “que alimentaron esta crisis” ha recuperado cerca de $900 millones para Colorado.
Más allá del uso de opioides, Weiser dijo que los jóvenes están experimentando una “crisis de conexión”, impulsada principalmente por las seis horas diarias que adolescentes y adultos jóvenes pasan en sus teléfonos. Parte del contenido consumido en redes sociales puede ser especialmente dañino para quienes ya se sienten aislados, y ha contribuido al aumento de suicidios en todo el país.
Weiser dijo que su demanda multilateral contra Meta, la empresa matriz de sitios como Instagram y Facebook, busca cambiar la forma en que opera la compañía y mejorar sus políticas para proteger a los niños en sus aplicaciones. También ha apoyado legislación bipartidista que requiere que las escuelas adopten políticas sobre el uso de teléfonos celulares en el aula.
“Lo opuesto a la adicción no es la sobriedad — lo opuesto a la adicción es la conexión”, dijo Weiser. “Y los jóvenes que están sufriendo porque pasan seis horas al día en sus teléfonos, están recurriendo a sustancias como el vapeo, como los opioides. Necesitan conexión”.
Traducción por Bianca Godina