Por Caroline Llanes

Aspen Public Radio

Traducción por Convey Language Solutions

El mes pasado, el gobernador Jared Polis firmó una nueva ley diseñada para proteger a las bibliotecas públicas de Colorado de la prohibición de libros. 

La nueva ley, SB24-216, requiere que las bibliotecas tengan políticas para abordar la impugnación de libros, lo que incluye la divulgación de su proceso al público. Una “impugnación” es un intento de retirar o restringir material de las estanterías de la biblioteca.

Jenn Cook es la directora de servicios técnicos del distrito de bibliotecas públicas del condado de Garfield, o GCPLD por sus siglas en inglés,  que ha visto cómo algunos residentes intentaban restringir el acceso de los niños a ciertos libros.

“Realmente no cambia la forma en que operamos”, dijo en una entrevista con Aspen Public Radio”. Se limita a codificar en la ley, que debemos seguir las políticas que ya hemos establecido y seguir esas políticas en el futuro. Simplemente convierte esas políticas en algo legal”.

Cook dijo que las políticas del GCPLD, para impugnar libros, o una “solicitud de reconsideración“, ya cumple con la nueva ley, que tiene una serie de requisitos para una política de impugnación.

Cook dijo que reconoce que hay muchas preocupaciones y ansiedad sobre la información que está disponible para los niños, y que quieren escuchar a la comunidad y atender esas preocupaciones.

“Pero el hecho es que las bibliotecas no operan ‘in loco parentis’… conforme a la ley, no actuamos en lugar de los padres”, dijo. “No quitamos a los padres el derecho a decidir a qué deben tener acceso sus hijos, y no quitamos a los padres la responsabilidad de supervisar a qué acceden sus hijos”.

Dijo que la ley representa el compromiso de Colorado de defender los derechos de la Primera Enmienda de sus residentes a leer y acceder a cualquier información que elijan.

La ley establece que cualquier persona que impugne un libro debe vivir dentro del área de servicio de la biblioteca. Un libro impugnado no puede ser retirado de las estanterías mientras esté siendo reconsiderado, y una biblioteca pública no puede revisar un libro u otro material que ya haya sido evaluado más de una vez cada dos años. Además, cualquier impugnación de un libro está ahora sujeta a la Ley de Registros Abiertos de Colorado, o CORA por sus siglas en ingles. Eso significa que el nombre y la dirección de un impugnador no se podrán suprimir.

Además, la ley dice que una biblioteca no puede excluir materiales de su colección basándose en las opiniones o la identidad del creador. Eso incluye raza, género, orientación sexual, religión y otras clases protegidas. 

También protege al personal de la biblioteca de represalias si se niega a retirar un libro u otro material de sus estanterías. Cook afirma que la disposición contra represalias es extremadamente importante para los bibliotecarios, debido a un entorno político cada vez más hostil.

“Creo que es realmente alentador que tengamos una legislatura que ha declarado que los bibliotecarios están altamente capacitados y educados y haciendo el trabajo para el que hemos sido enviados y entrenados”, dijo. “Tantos estados de la nación están condenando a los bibliotecarios y el trabajo que hacen éstos, y Colorado es sólo el quinto estado de la nación que adopta una ley contra la censura y protege a nuestros bibliotecarios”.
En nuestra región, Utah ha aprobado una ley que permite prohibir un libro en las escuelas públicas de todo el estado si tres distritos escolares lo consideran censurable. En Idaho, el gobernador firmó este año un proyecto de ley que obliga a las bibliotecas a retirar los materiales considerados “perjudiciales para los niños“.