Jason Blevins
Traduccion por Dolores Duarte para Sol del Valle
El propietario de una cantera de piedra caliza situada en lo alto de Glenwood Springs lleva varios años argumentando que su controvertido plan de ampliación exponencial de la mina debería acelerarse en virtud de la Ley de minas de 1872, que reduce los obstáculos normativos para fomentar la extracción de minerales poco comunes con valores únicos.
Resulta que la empresa propietaria de la cantera Mid-Continent Limestone Quarry, a una milla en lo alto de Glenwood Springs, no ha podido demostrar que esté vendiendo piedra caliza valiosa. La semana pasada, el Departamento del Interior le exigió que solicitara un nuevo permiso, con un estudio medioambiental más estricto, para seguir explotando la cantera de 16 acres situada en una cresta sobre la ciudad.
Es el último obstáculo, y posiblemente un golpe mortal, para una empresa minera que pierde dinero pero tiene grandes planes.
El Departamento del Interior envió el 3 de enero una carta a Rocky Mountain Industrials, o RMI, basada en Greenwood Village, anunciando que la agencia ha determinado que está extrayendo piedra caliza de “variedad común” en la cantera, lo cual no está autorizado, y la compañía debe detener las operaciones y pagar al gobierno regalías por el valor de los minerales que ha extraído en los últimos seis años.
La empresa compró la mina en 2016 y dos años después anunció planes para ampliarla a más de 400 acres. RMI argumentó que la Ley de Minas de 1872 debería permitir la expansión de la extracción de piedra caliza de alta calidad de la empresa, pagando tasas de regalías más bajas y enfrentándose a menos regulaciones ambientales.
El plan de expansión se ha enfrentado a una intensa oposición local, con pocas victorias para la empresa minera, que también posee un parque de terminales ferroviarias de 620 acres al este del Aeropuerto Internacional de Denver. El plan más ambicioso de la empresa consiste en transportar piedra caliza para concreto desde Glenwood Springs hasta el parque ferroviario para su uso en proyectos de la cordillera Frontal.
Hace un año la Oficina de Administración de Tierras (BLM por sus siglas en ingles), que está revisando el plan de expansión de RMI, determinó que no había nada particularmente especial acerca de la piedra caliza que se extrae en el Mid-Continent Cantera. El estudio de 205 páginas de la agencia, sobre Determinación de variedad común, el cual se inició en 2019, encontró que los minerales extraídos de 44 reclamaciones mineras propiedad de RMI se utilizaron para tejas de asfalto, pedraplén, relleno y la construcción de bloques de piedra. Ese uso se considera “variedad común” y no está protegido por la Ley de minas de 1872.
Pero el gerente de la oficina de Colorado River Field de BLM, Larry Sandoval, dijo que RMI podría demostrar que la piedra caliza era de alto grado con una explicación detallada de sus ventas de la piedra caliza. Según la carta más reciente del Departamento del Interior, la empresa fue incapaz de proporcionar pruebas de que estaba vendiendo piedra caliza de alta calidad para cosas como pistas de aeropuertos. La empresa presentó un estudio de mercado de 2021 en el que se proponía que la mina vendería piedra caliza para cemento, pero para ello sería necesario enviar la piedra caliza por tren a las plantas de manufactura que sirven a la cordillera Frontal.
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“Hasta hoy, BLM no ha recibido evidencia significativa que muestre que RMI haya tomado medidas para establecer la entrada en el mercado de cemento, incluída la obtención de permisos de la ciudad y del condado que pueden ser necesarios para acceder a las instalaciones de carga de ferrocarril de la mina”, dice la carta del 3 de enero de Steven Feldgus, el subsecretario adjunto de tierras y minerales de gestión del Departamento del Interior.
Feldgus dijo que la empresa debe pagos de regalías por la piedra caliza común que ha extraído durante los seis años del estudio de la BLM.
“Esta decisión afirma el argumento básico que hemos estado haciendo en los tribunales federales: que RMI ha estado minando y vendiendo piedra caliza de nuestras tierras públicas para usos finales que no están permitidos en virtud de su permiso de minería federal”, dijo en un comunicado Jeff Peterson, jefe de la Alianza de Ciudadanos Glenwood Springs.
La alianza, que había liderado la lucha contra la expansión de la mina, y los comisionados del condado de Garfield demandaron a BLM en 2020 ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. en Denver argumentando que la agencia no estaba aplicando adecuadamente las regulaciones en relación con la mina. RMI demandó al condado de Garfield argumentando que el gobierno federal, y no el condado, debería estar a cargo de la regulación de la mina. Un juez del condado de Garfield desestimó la demanda de RMI en 2021.
BLM ha entregado notificaciones a RMI, informando que está fuera de conformidad con varias regulaciones en la mina. En enero de 2023, un desprendimiento masivo de rocas en la cantera detuvo las operaciones y llevó a la empresa a solicitar una modificación de permiso de BLM para poder trabajar alrededor del derrumbe. La carta de Feldgus no abordaba el plan de expansión, los problemas de incumplimiento o la modificación del permiso por el desprendimiento de rocas.
Rocky Mountain Industrials pagó $2.8 millones de dólares por la cantera en 2016 y dos años después propuso aumentar la producción de piedra caliza a 5 millones de toneladas al año durante 20 años, frente a unas 60,000 toneladas anuales. El plan de la empresa haría pasar hasta 400 camiones al día por la ciudad, comparado a unos 20. A finales de 2023, RMI declaró unos activos de $7 millones de dólares y una deuda de $8.4 millones, seguido de un pérdida de $4 millones en los últimos nueve meses de 2023. Esa cifra es inferior a la pérdida de $6.4 millones de dólares del mismo período en 2022. Desde que la empresa se creó en 2014, ha acumulado pérdidas por valor de $69.1 millones de dólares.
“La ciudad de Glenwood Springs se ha opuesto durante mucho tiempo a la expansión de Mid-Continent Limestone Quarry y se alegra de ver que el Departamento del Interior toma medidas decisivas aquí para demostrar que la mina no es nada especial y debe ser regulada como cualquier otra cantera en el condado de Garfield, no como una mina de oro o litio que proporciona minerales críticos”, dijo la alcaldesa Ingrid Wussow en un comunicado enviado por correo electrónico. “La mina sigue incumpliendo múltiples normativas mineras federales e instamos a BLM a que haga cumplir las leyes vigentes. Agradecemos al condado de Garfield y a la Alianza de Ciudadanos de Glenwood Springs por su liderazgo en los tribunales federales y esperamos continuar nuestra colaboración para garantizar que esta decisión se mantiene”.