Una juez federal en Denver dijo que decidirá el martes si bloquea a la administración Trump de enviar a los venezolanos detenidos por ICE en Aurora a una prisión en El Salvador sin la notificación adecuada o la oportunidad de demostrar que no son miembros de pandillas.
El lunes en una audiencia judicial de una hora, ACLU Colorado argumentó que los hombres venezolanos en el centro de detención corren el riesgo de ser llevados al aeropuerto y ser conducidos en aviones a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 invocada por el presidente Donald Trump.
“La gente de nuestra comunidad sigue desapareciendo, ya sea en redadas, vuelos a Guantánamo o traslados en mitad de la noche a una prisión de tortura en El Salvador. Estos actos de terror deben terminar”. Monique Sherman, abogada gestora del programa de detención de la red en un comunicado de prensa
La juez de distrito de Estados Unidos Charlotte N. Sweeney dijo que decidiría qué hacer en un plazo de 24 horas.
La audiencia obedece a un fallo de emergencia de la Corte Suprema de Estados Unidos a primera hora del sábado que dijo que la administración Trump no podía deportar a presuntos pandilleros venezolanos detenidos en Texas. Debido al fallo, los autobuses que llevaban hombres desde un centro de detención de Texas al aeropuerto durante el fin de semana se vieron obligados a devolverse.
“Eso es lo único que impidió que esos seres humanos fueran desaparecidos en la prisión CECOT en El Salvador”, argumentó el director legal de ACLU Colorado, Tim Macdonald, en la corte federal de Denver.
Pidió a la juez una suspensión temporal de la deportación no sólo para dos venezolanos no identificados que forman parte de la demanda, sino para todo el grupo de venezolanos recluidos en el centro de detención de Aurora.
En los días recientes, los detenidos en Texas recibieron avisos de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos los enviaría a El Salvador al día siguiente. Los avisos son “escalofriantes para cualquiera que se preocupe por el proceso reglamentario”, dijo Macdonald. Las notificaciones están en inglés, aunque quienes las recibieron sólo hablan y entienden español.
“Estamos hablando de personas sin representación, que hablan español, recluidas en un centro” con acceso limitado a llamar a sus seres queridos o abogados, dijo. “Es ridículo sugerir que un aviso de 24 horas sería razonable”.
Él sostuvo que el gobierno federal debería dar a las personas al menos 30 días, tiempo suficiente para presentar una demanda ante los tribunales. Alrededor del 85% de los más de 1,200 detenidos en Aurora no tienen abogado. Macdonald también argumentó que invocar la Ley de Enemigos Extranjeros es erróneo, ya que Estados Unidos no está en guerra ni está siendo invadido por otra nación.
Los tribunales de distrito de todo el país, incluidos los de Nueva York, Pensilvania y Texas, se han pronunciado sobre la cuestión en los últimos días, cuando el ICE ha enviado a personas a El Salvador tras acusarlas de ser miembros de la banda Tren de Aragua. En algunos casos, la única prueba ofrecida por el gobierno fueron los tatuajes de los detenidos.
Los abogados del gobierno argumentaron que el tribunal de Denver no tiene jurisdicción para crear un estatus de acción colectiva, lo que protegería potencialmente a cientos de detenidos de la deportación inmediata.
Los acusados en el caso incluyen al presidente Trump, la fiscal general Pam Bondi, la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, el secretario de estado Marco Rubio, el director de la oficina local del ICE en Denver Robert Guadian y la directora del centro de detención del ICE en Aurora, Dawn Ceja.
La Red de Defensa de los Inmigrantes de las Montañas Rocosas se unió a la demanda de la Unión Americana por las Libertades Civiles, acusando al gobierno de “recoger a la gente y enviarla a El Salvador” sin “ningún proceso reglamentario”.
“La gente de nuestra comunidad sigue desapareciendo, ya sea en redadas, vuelos a Guantánamo o traslados en mitad de la noche a una prisión de tortura en El Salvador”, dijo en un comunicado de prensa Monique Sherman, abogada gestora del programa de detención de la red. “Estos actos de terror deben terminar”.
La juez Sweeney había emitido la semana pasada una orden de restricción de emergencia que impedía la deportación de los dos hombres de la demanda, identificados como D.B.U. y R.M.M..
Son “hombres jóvenes de Venezuela que se enfrentan a acusaciones infundadas de pertenecer a una banda”, dijo la red legal. La red dijo que temía que los hombres estuvieran entre los próximos en ser enviados a El Salvador.
“Las personas desaparecieron en la oscuridad y no está claro cuándo regresarán, y si es que sucede”, afirmó la red.
Traducción por Dolores Duarte para Sol del Valle