Jennifer Brown y Ernesto Cabral
Traducción por Dolores Duarte para Sol del Valle
Una familia venezolana se reúne en torno a un guardia de seguridad en el pasillo del octavo piso del tribunal federal, bombardeándolo con preguntas en español.
Están luchando por permanecer en Estados Unidos y acaban de salir de la Sala F -una de las seis salas de inmigración del edificio federal del centro de Denver- donde se han presentado ante el juez que finalmente decidirá si les concede un estatus legal en este país u ordena su deportación.
Es un proceso que tomará años.
“Nos vemos en 2026, en marzo”, le dice a la familia el guardia de seguridad, el oficial Derek Fields, después de explicarles en su mejor español que su próxima cita en el tribunal es en marzo de 2026, que es normal esperar ese tiempo y que son libres de irse hasta entonces.
Fields aprendió español por su cuenta, principalmente en YouTube, para poder ayudar a los cientos de hispanohablantes nerviosos y confusos que acuden cada semana al edificio federal Byron G. Rogers y al juzgado estadounidense.
Les ayuda a averiguar cuál de los nueve jueces de inmigración les ha sido asignado y cómo encontrar los formularios de cambio de sede si sus futuros trámites están programados en Miami, Chicago o Los Ángeles en lugar de Denver. También responde al bombardeo de preguntas que no tienen nada que ver con los tribunales, como ¿Puede mi hijo asistir a la escuela?
¡Gracias a Dios usted habla español! exclama un hombre a Fields en el caótico pasillo fuera de los juzgados. A su alrededor, la gente pregunta a los abogados que ofrecen asistencia gratuita en una mesa de ayuda de una organización sin fines de lucro sobre qué deben hacer después de entrar en sus audiencias. Otros hacen fila en una ventanilla de ayuda para presentar solicitudes de asilo. Todos los días laborables por la mañana y por la tarde, una fila de nuevos inmigrantes atraviesa por el vestíbulo soleado del tribunal y cruzan la entrada de seguridad.
En los últimos tres años, el número de casos pendientes en el tribunal federal de inmigración de Denver –el cual atiende a todo el estado- se ha más que cuadruplicado, llegando a más de 77,500 casos pendientes de inmigrantes que han solicitado asilo o están luchando contra “procesos de deportación” para expatriarlos a sus países de origen. Esta cifra es superior a los 18,000 casos pendientes en 2021.
Cerca de 31,000 de los actuales casos pendientes son de venezolanos, quienes han huido de su país en números récord, llegando a Denver en autobuses durante el 2022 y 2023 después de viajar por meses a pie y en tren a través de Colombia, América Central y la frontera entre Estados Unidos y México en Texas.
El Departamento de Justicia de EE. UU. tiene ahora nueve jueces de inmigración asignados al tribunal de Denver y tres en el centro de detención de Aurora, en comparación con los pocos que había hace una década.
Colorado, por su parte, ocupa el último lugar del país en el porcentaje de personas que cuentan con abogados mientras se enfrentan a un complejo sistema judicial de inmigración que determinará el resultado del resto de sus vidas. Alrededor del 85% de los inmigrantes de Colorado acuden al sistema “pro se”, lo que significa que se representan a sí mismos.
La ausencia de abogados presentes en la sala contribuye al retraso de casos, ya que los jueces hacen todo lo posible para asegurarse de que la gente entiende sus derechos y prolongan los casos durante años para que la gente tenga suficiente tiempo para presentar pruebas, argumentan los expertos en inmigración. Al mismo tiempo, la inmigración es un tema tan polarizante a nivel nacional que los casos se interrumpen a mitad del proceso, ya que las normas pueden cambiar de la noche a la mañana dependiendo de quién es el presidente y quién es el fiscal general de Estados Unidos.
“La razón por la que tenemos tanto retraso es porque la gente está muy confundida”, dijo Violeta Chapin, decana asociada y directora de una clínica de derecho de inmigración en la Universidad de Colorado. “Si hubiera abogados, agilizarian el proceso y lo harían más eficiente – alguien que les dijera honestamente, ‘No tienes forma de quedarte, o potencialmente sí puedes’.
“Ahora mismo, la inmigración está atrapada en este espacio con este número incontrolable de casos. Los jueces tienen una lista ridícula de casos y son un peón del fiscal general. Necesitamos defensores para estos inmigrantes porque sin ellos es un caos”.
Eduardo y Crisbelys Lugo, vestidos con esmero y temblando de nervios, se sientan en una mesa frente al juez de inmigración Ivan Gardzelewski. Son la tercera familia consecutiva que comparece en su sala sin abogado en una mañana de verano. Su hija de 2 años, con un moño rosa en el cabello, está sentada en las piernas de su madre.
En el interrogatorio, la familia venezolana admite que cruzó la frontera con Estados Unidos en abril por Nogales (Arizona), donde se presentó ante los agentes fronterizos, les dejaron pasar y les dijeron que debían comparecer en un proceso de deportación. Han solicitado el estatus de protección temporal, una forma de alivio que sólo se permite a personas procedentes de países especialmente peligrosos por razones políticas o medioambientales. En el caso de los venezolanos, sólo los que cruzaron a Estados Unidos antes del 31 de julio de 2023 pueden ampararse con esta protección en virtud de una orden federal.
La pareja dijo al juez que estaban solicitando asilo y permisos de trabajo.
Esto aumenta la confusión. Las solicitudes de autorización de trabajo son un proceso independiente, que se presenta ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, mientras que las peticiones de asilo se tramitan en los tribunales. Para que un inmigrante obtenga un permiso de trabajo, su caso de asilo debe haber estado pendiente durante 180 días, sin ningún retraso causado por el solicitante – lo que significa que, si una persona pidió más tiempo para encontrar un abogado, el reloj se detiene en su espera para un permiso de trabajo.
“¿Tiene miedo de regresar a Venezuela?”, preguntó el juez, una pregunta traducida por un intérprete y utilizando audífonos.
“Sí”, respondieron ambos asintiendo con la cabeza.
La vista fue breve. El juez los alentó a completar su solicitud de asilo y les dijo que volvieran dentro de un año y ocho meses.
“Es mucho tiempo a partir de ahora”, dijo el juez Gardzelewski.
Los Lugo no fueron la única familia que acudió con sus hijos, todos arreglados, las niñas con el cabello recogido en moños. Una madre se sentó junto a su marido en la mesa del tribunal, con su hija en una pierna y su hijo en la otra.
“No tienen por qué traer a sus hijos al tribunal”, dijo Gardzelewski, añadiendo que entendía que “puede que no tengan a nadie que los cuide”.
Algunos inmigrantes suponen erróneamente que deben traer a toda su familia y que deben impresionar al juez, quien podría decidir ahí mismo si les permite permanecer en el país. En lugar de eso, les dicen que llenen páginas de documentos y vuelvan dentro de dos años.
“Está claro que se lo están tomando muy en serio. Se están representando”, dijo Chapin. Desea dar las gracias a esas familias “por aportar algo de dignidad a esto, porque nosotros somos incompetentes. No tenemos ningún consejería que les ayude”.
Para aquellos que están en el tribunal de inmigración para su comparecencia inicial, las audiencias se manejan en bloque como un “calendario maestro”. Algunos días, los inmigrantes que hablan criollo haitiano o francés son asignados a una sala, mientras que unas cuantas salas funcionan en español.
Los jueces hablan en inglés, todo ello repetido por un intérprete sentado en la sala. Todos los que llenan las filas de bancos de madera se ponen de pie y levantan la mano derecha, jurando decir la verdad como grupo.
Cuando está a punto de iniciar una audiencia, el personal del tribunal se da cuenta de que dos personas asignadas a una sala en español hablan portugués. A la pareja brasileña se le comunica que su vista inicial ha sido aplazada porque no hay intérprete de portugués disponible ese día. Les dicen que vuelvan dentro de un año y cuatro meses.
Cuando la pareja brasileña se marcha, con cara de desconcierto, el juez Tyler Wood explica a la sala abarrotada que éste es el inicio de su proceso de deportación. El Departamento de Seguridad Nacional les ha enviado un aviso de comparecencia porque llegaron a Estados Unidos ilegalmente, o se presentaron ante los agentes de la patrulla fronteriza y se les permitió pasar, pero provocaron que el gobierno federal iniciara un proceso judicial para deportarlos del país.
Primero, explica, el tribunal determinará si las acusaciones son ciertas y, después, si se les permite permanecer en Estados Unidos. El personal del tribunal distribuye una lista de abogados que pueden representarles por “poco o ningún costo”, dice el juez. Sin embargo, no hay suficientes abogados en Colorado para hacer frente a la carga de trabajo.
Cuidado con los “notarios” que venden documentos de ciudadanía por cientos o miles de dólares, dice el juez Wood. Eso no es real, advierte.
Las personas en la sala del tribunal tienen derecho a aportar pruebas, presentar documentos e interrogar a los testigos. Si el juez ordena su deportación, tienen 30 días para recurrir ante la Junta de Apelaciones de Inmigración de Virginia.
Se les permite permanecer en Estados Unidos mientras su caso está pendiente, siempre y cuando no cometan delitos y se presenten a sus citas ante el tribunal de inmigración.
“Muchas personas que acuden al tribunal temen regresar a su pais de origen”, dice el juez, y explica que pueden solicitar asilo y tienen que entregar esas solicitudes en una ventanilla del tercer piso.
A todos ellos se les dice que se aseguren de presentarse en su próxima comparecencia ante el tribunal en septiembre de 2025.
“Eso les dará tiempo suficiente para encontrar un abogado que les represente o para que decidan representarse a sí mismos”, dijo el juez Wood. Finalmente, él decidirá si pueden permanecer en Estados Unidos. No es su trabajo, les dijo, decidir quién obtiene permisos de trabajo, inscribirlos para obtener licencias de manejo o inscribir a sus hijos en la escuela.
“Les deseo lo mejor a ustedes y a sus familias”, dijo, y la multitud volvió a infiltrarse en el ruidoso pasillo.
Linda Torres cruzó el Río Grande en El Paso,Texas con su esposo y sus tres hijos, tan agotada que apenas podía mantenerse en pie. Atravesaron la tristemente célebre Puerta 36, donde los inmigrantes suelen romper la alambrada de púas enrollada, hasta llegar a un banco de arena al borde del río en pleno invierno.
Cuando Torres y su familia se presentaron ante los agentes fronterizos el invierno pasado, les dijeron que planeaban llegar a Chicago y solicitar asilo y que huían de la opresión y la pobreza en su Venezuela natal. Les dejaron pasar y les dieron cita ante el tribunal de inmigración de Chicago en agosto de 2026.
Pero el autobús a Chicago no saldría ese día. Cansados y conmocionados por la muerte y la violencia que habían presenciado durante un viaje de cuatro meses caminando por la selva, saltando de trenes en marcha y durmiendo en la calle, subieron al autobús que estaba allí. Los llevó a Denver.
“Ya no podía mantenerme en pie”, dijo Torres.
Tras pasar el invierno en una habitación de hotel financiada por la ciudad, se mudaron a un apartamento de dos habitaciones en Aurora, el cual su familia de cinco miembros compartía con el sobrino de Torres, así como con una mujer y su hija a las que conocieron en el hotel albergue.
Cuatro meses después de llegar a Colorado, el hijo de 3 años de Torres seguía despertándose asustado. “Me dice, ‘¡Mamá!’ y empieza a llorar. ‘El tren viene, corre, corre’. Es duro”, dice. “Es un trauma”.
Después de huir de Venezuela, la familia pasó varios años en Colombia, donde ganaban dinero con dificultades apenas para pagar el alquiler por mucho que trabajaran, y a la hija de Torres, quien ahora tiene 12 años, le negaron dos veces la entrada a la escuela, dijo. Tardaron dos meses en llegar a México, cruzando con un niño y un bebé un tramo de 60 millas de selva llamado la Brecha del Darién, y dos meses más, a veces durmiendo en la calle, antes de llegar a Estados Unidos.
Torres vio “demasiados muertos”, dijo. “Pasamos por encima de los muertos. Pasábamos por encima de ellos porque el barro los cubría”. Lo peor fue descubrir a una familia de migrantes que murieron juntos en su tienda de campaña en México. “Me acerqué a la tienda y la abrí, y allí estaban el padre, la madre y el bebé”, relató Torres, al borde de las lágrimas. “Un bebé pequeño, muy pequeño. Vi muchas cosas”.
“Me costó mucho. Lloré mucho. Sufrí mucho. Pasé noches horribles. Soportamos mucho frío, lluvia. Pasamos hambre, pero aquí estamos, gracias a Dios”.
Mientras ella y su esposo esperan la autorización de trabajo, Torres ha estado vendiendo rosas, chocolates y paletas fuera de una tienda de comestibles en Aurora, a veces llevando a su hijo y a su hija de 1 año con ella. Gana entre $20 y $70 dólares al día. Se inscribió en el programa de asilo de seis meses de la ciudad de Denver, donde se apuntó a clases de inglés y asistió a una sesión de salud mental sobre cómo afrontar el trauma. Una organización local sin fines de lucro, ViVe Wellness, ayudó a su familia a encontrar el apartamento en Aurora, después de que perdieran $500 dólares en costos de solicitud para varios apartamentos. Y el programa de la ciudad les está ayudando a pagar los primeros meses de renta. Su hija mayor está inscrita en bachillerato.
La fecha del juicio, y saber que podrían enfrentarse a la deportación años después de construir sus nuevas vidas, pende sobre ellos.
Con la ayuda de un abogado gratuito de una organización sin fines de lucro, Torres presentó la documentación necesaria para cambiar su comparecencia ante el tribunal de Chicago a Denver. Torres espera que el mismo abogado les ayude a preparar sus solicitudes de asilo, reuniendo pruebas suficientes para demostrar que sería peligroso para ellos regresar a Venezuela.
En Venezuela, Torres y su madre trabajaban en una empresa petrolera gestionada por el gobierno, pero después de que Torres llevara allí cinco años, los empleados fueron despedidos repentinamente y no se les pagaron las horas que ya habían trabajado. Su madre nunca cobró la pensión. En los barrios que los rodeaban, los asesinatos eran habituales, dice.
En Colorado se ha enfrentado a la xenofobia y el racismo como en ningún otro lugar, dijo. “Me hagan lo que me hagan, lo afrontaré”, dijo. “He venido aquí a trabajar. Por eso salgo todos los días. Soporto humillaciones, la gente me grita insultos, me tira vasos de agua. Hay gente buena y gente mala”.
Pero, si se lo permiten, Torres cree que su familia se quedará. Sigue añorando su hogar, pero dice que su familia “se merece algo mejor”.
“Me gustaría que tuvieran una vida, que estudiaran, que no trabajen, sino que estudien porque mi responsabilidad es trabajar. Quiero que estudien y sean algo en la vida para que no tengan que pasar por lo que yo he pasado”.
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Los inmigrantes sin abogado tienen 10 veces más probabilidades de ser deportados
Los inmigrantes sin abogado tienen muchas más probabilidades de perder su caso. Los que tienen abogado tienen 10 veces más probabilidades de evitar la deportación comparado con los que no lo tienen, y los inmigrantes con abogado tienen 3.5 veces más probabilidades de que se les conceda libertad bajo fianza y sean puestos en libertad, según el Instituto Vera de Justicia, el cual aboga por la reforma del sistema judicial.
De los 136,000 inmigrantes a los que se ordenó deportación en el primer semestre de este año, unos 110,000 no tenían abogado, según un estudio del Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse. Los jueces de inmigración de Denver, en promedio, ordenaron la deportación del 60% de las personas cuyos casos se decidieron entre 2018 y 2023, según la investigación de la universidad.
“Preparar los documentos, llenar los formularios, entender lo que necesita para armar un caso, ponerlo todo junto en un formato que tenga sentido -ese es el trabajo de un abogado”, dijo Regina Bateson, profesora de ciencias políticas en CU Boulder quien ha llevado estudiantes a la corte de inmigración de Denver. “La mayoría de los clientes van a tener dificultades para hacerlo de forma eficaz”.
“Tratar de enseñarse a sí mismo a ser un abogado de inmigración al estilo ‘hazlo tú mismo’ es muy difícil, especialmente cuando uno puede no estar muy instruido incluso en su propio idioma”.
Las solicitudes de asilo consisten de 12 páginas, pero pueden extenderse a cientos de páginas con documentos añadidos. Si un solicitante de asilo comete errores en el papeleo, por ejemplo olvidándose de incluir a un hijo en el espacio correcto, pueden producirse retrasos y procedimientos adicionales para corregirlo.
“Hay una cantidad enorme de preguntas sobre tu historia y necesita estar en inglés, es la base completa de tu reclamo de asilo”, dijo Christina Brown, abogada de inmigración y directora ejecutiva del Centro de Asilo de Colorado, quien organiza clínicas para inmigrantes inscritos en el programa de solicitantes de asilo de la ciudad. “Si una de tus direcciones es incorrecta, el abogado del Departamento de Seguridad Nacional te va a destrozar en el contrainterrogatorio. Todo es como una cosa de vida o muerte”.
Para solicitar asilo, hay que demostrar un “temor fundado de persecución” por motivos de raza, religión, opinión política o grupo social. La pobreza por sí misma no cumple con el requisito. Tampoco lo es la violencia generalizada: las personas tienen que demostrar que han sido perseguidas específicamente.
Las personas sin abogado podrían escribir dos frases en el pequeño espacio que les invita a describir por qué temen regresar a su país de origen. Los que tienen abogado, por su parte, podrían escribir “ver documento adjunto”, que detallaría, en varias páginas, las razones por las que regresar a su país es peligroso para sus vidas.
Bateson vivió en Guatemala, donde trabajó para el Servicio Exterior de Estados Unidos, y ahora de forma gratuita presta testimonio pericial sobre las “condiciones del país”, a inmigrantes guatemaltecos que solicitan asilo. Los abogados de los inmigrantes solicitan el testimonio de Bateson sobre los grupos locales de vigilancia parapolicial en Guatemala que capturan y torturan a personas sospechosas de delitos, por tener opiniones políticas contrarias o por no ser “socialmente tolerables”.
Redacta declaraciones que explican las condiciones en Guatemala y respaldan la historia de persecución y seguridad del solicitante de asilo. Su trabajo pasa a formar parte del expediente del caso, que también puede incluir informes policiales, historiales médicos y evaluaciones psicológicas solicitadas por el abogado del inmigrante para demostrar el trastorno de estrés postraumático. Dado que el solicitante se encuentra ahora en Estados Unidos, esto requiere obtener declaraciones de familiares, amigos y vecinos en su país de origen que pueden ser difíciles de localizar, así como traducir todos los documentos al inglés.
Es poco probable que quienes no tienen abogado puedan hacer todo esto por sí mismos.
En opinión de Bateson, los jueces y el personal de los tribunales de inmigración de Denver son más amables, pacientes y accesibles que los que ha visto en los tribunales de todo el país. Pero eso no significa que la gente no siga confundida.
“Incluso si el tribunal de inmigración está tratando de hacer un buen trabajo explicando el proceso, es muy difícil de entender, incluso si la interpretación es perfecta”, dijo. “Es difícil de entender para una persona no calificada. ¿Cuándo hay que presentarse? ¿Cómo mantener al tribunal al corriente de tu dirección? Si el tribunal te dice que no vuelvas hasta 2027, una persona razonable podría mostrarse escéptica al respecto. ¿En verdad funciona así?”.
Los inmigrantes también suelen estar confundidos acerca de cómo cambiar la ubicación de su tribunal si terminaron viviendo en Denver en lugar de la ciudad que mencionaron cuando cruzaron la frontera. Creen erróneamente que lo único que se necesita es un formulario de cambio de dirección, sin darse cuenta de que también tienen que presentar una moción ante el tribunal para cambiar la ubicación. Cuando algunos se dan cuenta, ya es demasiado tarde y pierden el caso.
“La gente cree que van a cambiar su tribunal de Nueva York a Denver y que su audiencia es en cinco días”, dijo Brown, del Centro de Asilo. “Tienes que estar en Nueva York en cinco días. No hay forma de evitarlo”.
Los tribunales de inmigración están desbordados en todo el país, con un número de casos pendientes de 3.7 millones, aproximadamente la población de Los Ángeles. Investigadores de la Universidad de Syracuse señalaron la aceleración a finales de 2021, diciendo que mientras que el retraso creció durante las administraciones de Obama y Trump, había crecido “a un ritmo vertiginoso” bajo la presidencia de Biden.
Para hacerle frente, los tribunales de inmigración han tratado de agilizar las operaciones fomentando más conferencias previas a las audiencias “para resolver asuntos que no requieren tiempo valioso de la corte” y programando audiencias de manera más eficiente, dijo Kathryn Mattingly, secretaria de prensa de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, dentro del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El sistema resolvió más de 500,000 casos en todo el país el año pasado, dijo, “superando por mucho la producción de años anteriores”.
Señaló que la oficina de Revisión de Inmigración “no controla el número de tales solicitudes” porque, aunque la agencia federal oye los casos, es el Departamento de Seguridad Nacional el que los tramita –1.2 millones de nuevos casos en la corte de inmigración el año pasado, frente a 228,000 en 2016.
Una regulación federal permite a los abogados ayudar a los inmigrantes con los procedimientos sin exigirles que se comprometan a asumir el caso completo, lo que ha ayudado a miles de personas a obtener asesoramiento legal, dijo Mattingly. Ella no quiso decir cuánto tiempo, en promedio, tomará ahora un caso de inmigración para llegar a una resolución.
“Es importante señalar que cada caso de asilo es único, con su propio conjunto de hechos y circunstancias que influyen en los tiempos de adjudicación”, dijo en un correo electrónico.
Los procedimientos de inmigración son civiles, no penales
Estados Unidos justifica el hecho de no proporcionar abogados a las personas en los tribunales de inmigración porque se trata de procedimientos civiles, no penales, dijo Chapin, quien trabajó para la defensa del público en Washington, D.C., antes de venir a la CU. A diferencia de indigentes acusados en causas penales, las personas en los tribunales de inmigración -incluso si están detenidas- no tienen abogados de oficio.
El sistema es un laberinto de leyes tan complejas que resulta difícil incluso para los abogados, a menos que se dediquen exclusivamente a casos de inmigración. Además, la ley puede cambiar en función de la política y de quién sea el presidente.
Cuando el expresidente Obama estaba en el cargo, Chapin tenía un cliente cuya solicitud de asilo se centraba en violencia doméstica. La audiencia estaba prevista en un mes, pero se canceló y se volvió a programar para dos años más tarde. Para entonces, Donald Trump era presidente, y su fiscal general, Jeff Sessions, eliminó la violencia doméstica como una reclamación legítima. Bajo la presidencia de Biden, el fiscal general Merrick Garland la restauró.
“Los tribunales de inmigración responden a quienquiera que sea el fiscal general, lo que significa que el poder ejecutivo está decidiendo lo que sucede en el poder judicial”, dijo Chapin. “Los tribunales de inmigración no son independientes”.
Los problemas con el sistema no se deben a la afluencia de sudamericanos en los últimos dos años -se remontan a décadas atrás, dijo Chapin.
“Así de absurdo es nuestro sistema de inmigración”, dijo.
Los abogados de inmigración en Colorado estiman que hay 50 o menos de ellos trabajando en casos, y es difícil para ellos tomar los casos pro-bono o ‘gratuitos’ porque se prolongan durante años. Cuanto más tarda un caso, más probable es que la ley cambie antes de que se complete.
“Cuando estos casos se alargan tanto, no es sólo porque no sé qué va a pasar con mi caso. Es también que desconozco qué va a pasar con la ley”, dijo Monique Sherman, abogada gestora del programa de detención de la Red de Defensa de los Inmigrantes de las Montañas Rocallosas (RMIAN por sus siglas en inglés), que representa a familias y niños en procesos de inmigración.
Las reglas podrían cambiar de nuevo, dependiendo de quién sea elegido presidente. Trump, quien ha repetido falsas afirmaciones de que los inmigrantes haitianos en Springfield, Ohio, están comiendo mascotas y las pandillas venezolanas han “conquistado” Aurora, ha prometido deportaciones masivas que comenzarán en esas dos ciudades.
Colorado creó un primer paso para proporcionar defensores públicos en los tribunales de inmigración en virtud de la legislación aprobada en 2021. El Fondo de Defensa Legal del Inmigrante, con $350,000 dólares de dinero estatal a través del Departamento de Trabajo y Empleo de Colorado, se destina a organizaciones no lucrativas que ofrecen ayuda legal a personas que luchan contra procesos de deportación. La mayor parte del fondo, el 70%, se destina a los detenidos en Aurora. Como el mayor grupo de defensa de los inmigrantes en el estado, RMIAN recibe la mayor parte del financiamiento, mientras que otra parte es compartida entre Mountain Dreamers, con sede en Frisco, la filial de Denver del Comité Internacional de Rescate y Alianza NORCO en Fort Collins.
Esto ha ayudado a 184 inmigrantes con defensa legal desde 2022. Este año, la legislatura estatal asignó un impulso adicional y único de $350,000, para un total de $700,000.
Para quienes no tienen abogado, el personal de la RMIAN organiza presentaciones sobre “conoce tus derechos” e instala un servicio de asistencia la mayoría de los días de la semana en el juzgado federal de Denver. El número de personas que asistieron a estas presentaciones hace tres años se contaba por centenares. El año pasado superaron las 3,500.
Y para las personas que se encuentran en el centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Aurora, la organización sin fines de lucro elabora cada día una lista de las próximas audiencias y pide a un guardia que trabaja para la empresa privada que gestiona el centro que vaya a los dormitorios y pregunte a las personas si quieren reunirse con la red de defensa. El centro tiene unos 1,200 detenidos, y RMIAN cuenta con un servicio jurídico de 44 personas.
“Como pequeña organización sin fines de lucro, no podemos representar a tanta gente”, dijo Sherman, señalando que las consecuencias para los detenidos son enormes.
“En Aurora, si alguien no ha presentado una solicitud porque no habla el idioma, el juez simplemente ordenará su deportación porque no presentó la solicitud a tiempo”.
Las personas que esperan durante años la resolución de su caso judicial sienten cierto alivio al saber que mientras sigan las normas, incluida la comparecencia en las vistas judiciales, el gobierno no las deportará, dijo Gladis Casas Ibarra, codirectora de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado.
Aun así, viven en el limbo.
“Da a la gente una sensación de seguridad, al menos durante los próximos años. No tienen que preocuparse por ser separados de su familia”, dijo Ibarra, que se llegó a Estados Unidos desde México a los 8 años y es beneficiaria de DACA, o Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. “Pero estar en el limbo es todo lo que algunos de nosotros conocemos. Le agrega un nivel de estrés que considero innecesario. Para las personas que están solicitando asilo e hicieron este increíble viaje que cambia la vida y luego ser puestos en espera, es algo difícil de explicar”.
Yenny Andreu Vivas, quien emigró a Estados Unidos desde Colombia hace dos décadas y el año pasado se casó con su esposo cubano, trabaja como asesora del grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes Alianza NORCO en Fort Collins. Dedica gran parte de su tiempo a recalcar a la gente lo importante que es que se presenten ante el tribunal.
Para muchos, el viaje hasta el tribunal federal de Denver -el único tribunal de inmigración de Colorado, aparte del que atiende a los detenidos en el centro de detención del ICE en Aurora- es una carga porque no tienen auto propio. Si no consiguen que les lleve un amigo o alguien de su iglesia, tienen que pasar horas en autobuses públicos.
Ella les dice: “¡Intenten por todos los medios de no perderlo! Porque si lo hacen, serán deportados. Aunque no tengan abogado, lo importante es que se presenten”.
Muchos están confundidos, además, dijo Vivas, sobre cómo solicitar un permiso de trabajo y cómo el período de espera se enreda con su caso de asilo.
“Descubrir que el proceso no es tan sencillo les preocupa mucho”, afirma Vivas. “La mayoría vienen ya con traumas, así que enterarse de que tienen que esperar, seis meses, siete meses, un año, dependiendo de cuándo presenten la solicitud de asilo, para solicitar la autorización de trabajo… es mucho tiempo cuando tienes facturas que pagar y necesitas comprar comida”.