El 11 de noviembre, el gobierno federal llevaba más de 42 días consecutivos cerrado. Mientras que algunos empleados de distintas agencias continuaron trabajando con o sin sueldo, muchos otros fueron suspendidos o cesados temporalmente debido a órdenes de reducción de personal.
Estas limitaciones afectaron gravemente la gestión de las tierras públicas en todo el país. Colorado, como el tercer estado con mayor número de empleados federales dedicados a tierras públicas, ha sido especialmente impactado. Según la Oficina de Desarrollo Económico y Comercio Internacional de Colorado, la industria del turismo aporta 28.5 mil millones de dólares a la economía estatal y sostiene más de 188,000 empleos.
Las consecuencias son notables en el Valle del Roaring Fork, donde gran parte del territorio pertenece al Bosque Nacional White River y a otras áreas silvestres. Un informe del Servicio Forestal de 2019 indicó más de 12 millones de visitas recreativas al año en dicho bosque, con un impacto económico estimado de 1.59 mil millones de dólares y más de 22,230 empleos directamente vinculados a la zona.
The Sopris Sun contactó a varios gobiernos locales y organizaciones sin fines de lucro para conocer cómo el cierre federal y los despidos han afectado su trabajo y las tierras públicas locales. “Nuestras tierras públicas y quienes las administran son una parte crucial del Valle del Roaring Fork y más allá”, dijo Shelly Braudis, gerente de recursos naturales de la Ciudad de Aspen. “Sin su manejo, los proyectos de mantenimiento diferido no se completan, las solicitudes del público no se atienden, el mantenimiento rutinario, como la limpieza de baños o despeje de senderos, no se realiza, y mucho más”.
Michael Gorman, director de campañas de Wilderness Workshop, expresó sentimientos similares. “El personal de tierras públicas es esencial para manejar la recreación y la experiencia de los visitantes, proteger la vida silvestre e interactuar con el público”, señaló. “El cierre ha afectado el trabajo en áreas silvestres, recreación y conservación, mientras se mantiene el personal enfocado en la extracción de combustibles fósiles y la producción de madera”.
Becca Schild, directora ejecutiva de Roaring Fork Outdoor Volunteers (RFOV), explicó que el cierre ha retrasado indefinidamente la planeación anual de su organización. “El proceso de selección y planeación de proyectos para 2026 se ha retrasado porque no hemos podido reunirnos con los administradores federales de tierras para discutir prioridades y logística de colaboración”, comentó. “Imagino que esta situación afecta también a otros socios”.
Jami McMannes, especialista en comunicación y alcance para Pitkin County Open Space and Trails, habló sobre la carga creciente en su capacidad operativa. “Hay un vacío claro en los servicios que solían ofrecer nuestros socios federales. Se han recortado puestos y, cuando alguien renuncia, sus cargos no se reemplazan”, explicó. “Tenemos relaciones muy colaborativas con ellos, pero los cambios administrativos recientes han limitado su capacidad para mantener el mismo nivel de participación. Como resultado, nuestras tierras públicas están resintiendo la presión de un mayor número de visitantes y de menos mantenimiento y supervisión, al igual que las personas encargadas de cuidarlas”.
McMannes también compartió cómo el condado ha respondido a esta situación, “Nos enfocamos en aprovechar mejor el tiempo, los fondos y los recursos limitados. Esto implica fortalecer alianzas con organizaciones locales para amplificar mensajes sobre recreación responsable, publicar información actualizada en los puntos de acceso, mantener personal en áreas recreativas y coordinar esfuerzos de voluntariado para limpieza y conservación”.
Muchos actores locales ya habían empezado a coordinarse desde la primavera y el verano a través del recientemente formado Foro de Tierras Públicas y Agua del Roaring Fork para enfrentar estos retos.
“Este verano y otoño compartimos información en Highlands sobre la reducción de servicios en Maroon Bells, como la disponibilidad limitada de agua, presencia de guardabosques y baños”, agregó McMannes. “La Oficina del Sheriff del Condado de Pitkin también desplegó a un oficial comunitario en zonas silvestres de alto uso para apoyar en educación y seguridad de visitantes cuando no había guardabosques federales disponibles”. Ese oficial comunitario interactuó con más de 3,800 personas durante el verano y otoño en las tierras públicas del condado.
Braudis enfatizó la importancia de la participación ciudadana ante la limitada capacidad de las agencias. “Las pequeñas acciones hacen una gran diferencia cuando las agencias están al límite”, dijo. “Sean los ojos y oídos en el terreno. Reporten daños en los senderos, actividades ilegales o problemas de seguridad. Con menos personal, hay menos ojos atentos; su reporte podría ser el único que reciban los administradores”.
Gorman expresó preocupación por los daños a largo plazo en la investigación científica y la gestión de ecosistemas. “Se ha interrumpido la investigación, el monitoreo y la recolección de datos críticos sobre incendios forestales, salud del bosque, especies invasoras, recursos hídricos, suelos, fauna y más”, advirtió. “Esto preocupa especialmente porque forma parte de una agenda a largo plazo de la actual administración, que busca vender tierras públicas, recortar personal y financiamiento, y debilitar las políticas que las protegen para las generaciones futuras”.
También señaló que Wilderness Workshop valora el trabajo de los empleados federales pese a las circunstancias, “Apreciamos enormemente al personal del Servicio Forestal y de la Oficina de Administración de Tierras, y todo lo que hacen por nuestras tierras públicas. Reconocemos la presión que enfrentan por el cierre, los despidos indiscriminados y la reducción de recursos de las agencias”.
Concluyó, “La próxima vez que vean a un trabajador federal, no olviden decirle ‘gracias’”.