La Comisión de Gestión de Energía y Carbono de Colorado (ECMC, por sus siglas en inglés) ha marcado un precedente al designar a sus primeros Coordinadores Comunitarios de Justicia Ambiental: Steven Arauza, de Rifle, y Yesica Chavez, de Denver. Estas nuevas posiciones fueron establecidas en virtud de una ley estatal recientemente promulgada y de normas adoptadas en 2024, las cuales exigen que las agencias gubernamentales y las empresas del sector energético amplíen las oportunidades de participación comunitaria en la elaboración de regulaciones y procesos relacionados con el desarrollo energético.
El propósito de estas regulaciones es considerar los llamados “impactos acumulativos”, es decir, los efectos combinados —pasados y presentes— que las actividades de extracción de petróleo y gas pueden tener en la salud y el medio ambiente. Se pone especial énfasis en las comunidades que históricamente han sido marginadas y que, en muchos casos, enfrentan mayores riesgos ambientales.
Sol del Valle conversó con Steven Arauza, uno de los recién nombrados Coordinadores Comunitarios de Justicia Ambiental, para conocer más sobre sus funciones y el papel que las comunidades pueden desempeñar en estos procesos. A continuación, se presentan algunos de los puntos destacados de la entrevista.
¿Puedes contarnos un poco sobre tu trabajo como Coordinador de Justicia Ambiental en Colorado?
Steven Arauza: ” Claro. Yo soy geólogo con más de 13 años de experiencia en la regulación de la industria del petróleo y gas, con un enfoque fuerte en la protección ambiental y la justicia. Mi trabajo también incluye la organización comunitaria en la región de las Montañas de Colorado y más de tres años de servicio en la Junta Asesora de Justicia Ambiental del CDPHE, donde he trabajado para abordar los impactos desproporcionados que las comunidades vulnerables enfrentan en términos de salud y medio ambiente.”
¿Qué significa para ti la “Justicia Ambiental” en el contexto de las regulaciones energéticas de Colorado?
Arauza: “La justicia ambiental en Colorado significa asegurarnos de que todas las comunidades, pero especialmente aquellas que históricamente han sido afectadas de manera desproporcionada, tengan voz en las decisiones que afectan su salud y su entorno. Nosotros, Steven Arauza (de la región occidental) y Yesica Chavez (de la región del Front Range), organizamos y asistimos a reuniones comunitarias en áreas donde el desarrollo de petróleo y gas puede tener un impacto directo. En estos lugares, si un plan de desarrollo está cerca de una comunidad, el operador debe organizar reuniones para que los residentes puedan expresar sus preocupaciones.”
¿Cuáles son algunas de las principales preocupaciones ambientales que enfrentan las comunidades desproporcionadamente afectadas en Colorado?
Arauza: “Durante mucho tiempo, las comunidades de bajos ingresos, las comunidades de color y las personas que viven en casas móviles, han enfrentado más contaminación y problemas de salud debido a proyectos energéticos. Con las nuevas reglas, eso está comenzando a cambiar. Ahora, las voces de la comunidad no solo se escuchan, sino que finalmente se están integrando en el proceso de toma de decisiones.”
¿Puedes darnos un ejemplo de cómo los llamados impactos acumulativos podrían afectar a una comunidad en nuestra región?
Arauza: “Un buen ejemplo es la Academia Bella Romero, ubicada en Greeley, Colorado, cerca de instalaciones de extracción de petróleo y gas. Los vecinos han expresado su preocupación por las emisiones de estas operaciones y han solicitado más investigaciones sobre los posibles impactos en la salud, especialmente en los estudiantes y sus familias. Un caso similar se esta pasando con Suncor en Commerce City, y no podemos olvidar lo que ocurre en Battlement Mesa, CO; donde las preocupaciones se centran en la contaminación del aire y el agua.”
¿Qué tipo de apoyo o recursos están proporcionando para ayudar a los miembros de la comunidad a involucrarse en el proceso de ECMC?
Arauza: “Nuestro equipo está trabajando en un plan de divulgación comunitaria que guiará nuestros esfuerzos futuros y coordinará con las agencias estatales para ayudar a las comunidades a entender mejor los roles regulatorios. El objetivo es construir y mantener la confianza dentro de las comunidades en Colorado, asegurándonos de que puedan participar plenamente en el proceso.”
¿Cómo puede la comunidad involucrarse en este proceso?
Arauza: “La comunidad tiene varias formas de expresar sus preocupaciones de manera efectiva. Pueden hacerlo a través del Coordinador Comunitario de Justicia Ambiental, en este caso, yo soy uno de esos canales para amplificar sus voces. Además, los recursos disponibles en el estado, como plataformas de participación y audiencias públicas, representan una gran oportunidad para que las preocupaciones de la comunidad sean escuchadas y tomadas en cuenta en los procesos regulatorios. Participar activamente en estos espacios ayuda a visibilizar los problemas y contribuye a la creación de políticas más inclusivas y justas.”
¿Hay algo más que quisieras recordar a la comunidad?
Arauza: “Una de las dificultades que hemos enfrentado en el estado es la falta de información en otros idiomas diferentes al inglés, lo que crea una barrera lingüística y evita que muchas comunidades sean escuchadas, participen completamente y accedan a recursos importantes. Estamos poniendo servicios de traducción e interpretación adecuados, para que estas comunidades que están en desventaja puedan involucrarse en los procesos que afectan sus vidas.”
Contacto:
Los residentes de comunidades que enfrentan impactos ambientales significativos pueden ponerse en contacto con Steven Arauza y Yesica Chavez, Coordinadores Comunitarios de Justicia Ambiental, a través del sitio web de la Comisión de Gestión de Energía y Carbono de Colorado (ECMC) o por correo electrónico: steven.arauza@state.co.us y yesica.chavez@state.co.us. Los coordinadores están disponibles para recibir inquietudes relacionadas con la calidad del aire, el ruido, o el desarrollo energético cercano a zonas residenciales, y para facilitar la participación de la comunidad en los procesos de toma de decisiones.