En mayo, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) anunció que los estados debían presentar información detallada sobre todos los solicitantes del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) de los últimos cinco años. Esta medida ha generado preocupación entre los defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes advierten que la divulgación de datos dará lugar a deportaciones dirigidas a personas indocumentadas y además negará a las familias los alimentos necesarios.
El USDA solicita “los nombres de todos los miembros del grupo familiar, sus fechas de nacimiento, números de seguro social, direcciones residenciales y postales utilizadas o facilitadas, así como todos los registros de datos utilizados para determinar la elegibilidad o inelegibilidad”. Una evaluación del impacto sobre la privacidad del USDA también menciona una solicitud de información sobre el estatus migratorio y de ciudadanía, la educación, el empleo y el estado civil.
Aunque los inmigrantes indocumentados no son típicamente elegibles a las prestaciones del SNAP, su información puede estar en peligro. Los hogares con estatus mixto que solicitan el SNAP deben proporcionar datos de todos sus miembros, incluidos los indocumentados.
Beatriz García, organizadora de Western Slope para la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado, dijo que este tipo de divulgación de datos es un riesgo significante para las comunidades de inmigrantes.
“Estas son políticas que están afectando no solo a familias indocumentadas, sino también a las familias con estatus mixto, compuestas por ciudadanos y residentes legales, debido al temor de que el gobierno utilice su información para localizarlos y expulsarlos de los Estados Unidos por el simple hecho de ser inmigrantes”, dijo García.
Sumado a estas preocupaciones la regla de “carga pública” de la ley de inmigración de Estados Unidos, que permite a los funcionarios de inmigración negar visas o ajustes de estatus si se determina que los solicitantes dependen probablemente de asistencia del gobierno. García señaló que algunos inmigrantes indocumentados evitan programas como el SNAP por temor a que pueda perjudicar sus casos de inmigración, a pesar de que el SNAP no se tiene en cuenta para la regla de carga pública.
Lo que resulta es una relación delicada entre las personas indocumentadas y las agencias gubernamentales en torno a la privacidad de datos. El USDA defiende su solicitud de datos como una herramienta contra “el desperdicio, el fraude y el abuso”, citando una orden ejecutiva de marzo que concede “acceso ilimitado” a los datos estatales. Defensores como García ven esto como otra forma de agravar la injusticia.
“Los niños y las familias están sufriendo inseguridad alimentaria”, dijo García. “Y eso no es fraude. Es una realidad. Si el gobierno no quiere ver la realidad y quiere llamarlo fraude, es difícil porque el SNAP surgió de la necesidad de proteger a las familias para que pudieran tener un plato de comida sobre la mesa. Y si eso es fraude para un gobierno, eso significa estar en contra de un sistema humanitario”.
Datos del Urban Institute estiman que 298,000 familias de Colorado perderán una parte o la totalidad de sus prestaciones del SNAP debido a los recortes del ‘Big Beautiful Bill’. En promedio, los hogares se enfrentan a una reducción de $88 dólares al mes, o $1,056 dólares anuales. Con tantas familias potencialmente afectadas, las organizaciones locales se están preparando para el aumento en la demanda de sus servicios.
Lift-Up ha funcionado por mucho tiempo como una red de seguridad vital desde Aspen hasta Parachute. Desde el colapso de la industria de la pizarra bituminosa hasta la pandemia de COVID-19, Lift-Up ha creado numerosos programas de seguridad alimentaria para satisfacer las necesidades cambiantes y crecientes del valle. Desde 2020, Lift-Up afirma que ha visto un aumento del 600% en la demanda y espera que la cifra vaya en aumento.
Elyse Hottel, directora ejecutiva interina de Lift-Up, explicó que la ayuda alimentaria contribuye a aliviar los problemas. “Hay mucha gente que se desplaza largas distancias porque no puede permitirse vivir más cerca de su trabajo”, dijo. “Y, por lo tanto, a veces hay que tomar decisiones muy difíciles. ¿Pago el alquiler o compro comida? ¿Pago por cuidado médico o compro comida? ¿Pago la gasolina para ir al trabajo y así tener dinero, o compro comida?”.
Para acceder a los programas de ayuda alimentaria de Lift-Up, es necesario registrarse. Se solicita el nombre, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y un documento de identidad para evitar duplicidad y garantizar una distribución equitativa de los recursos entre las comunidades del valle.
“No buscamos por licencia de conducir, pasaporte o cualquier otra cosa. Pueden traer una sobre postal con su nombre y dirección”, dijo Hottel.
“La divulgación de datos ha sido uno de los mayores riesgos, y el gobierno ha dejado muy claro que los está poniendo a disposición del Departamento de Seguridad Nacional a través de muchos medios”, dijo García. A medida que la administración Trump toma medidas para recopilar datos de programas federales como el IRS y compartirlos con agencias de control de inmigración como el ICE, crece el temor de que los datos personales conduzcan a la deportación.
En el futuro, los recursos locales como Lift-Up pueden ser fundamentales para apoyar a los más vulnerables entre nosotros. García destacó la importancia de dar a conocer estos recursos comunitarios y animó a la gente y a los gobiernos locales a apoyarlos. Con suficiente apoyo, cree que estos recursos pueden satisfacer las necesidades básicas de las personas y crear un movimiento significativamente grande como para resistir un sistema opresivo y llevar los recursos a las personas que más los necesitan.
Traducción por Dolores Duarte