El 30 de enero de 2025, el presidente Donald Trump firmó la ley H.R. 29/S. 5, conocida como la Ley Laken Riley. La legislación ha conducido a un importante debate sobre los inmigrantes indocumentados y la seguridad pública. El proyecto de ley tuvo apoyo bipartidista, ya que 46 demócratas se unieron a sus colegas republicanos para votar a favor.
La ley fue nombrada en memoria de Laken Hope Riley, una estudiante de enfermería de 22 años de Georgia que fue trágicamente asesinada el 22 de febrero de 2024 mientras salió a trotar en el campus de la Universidad de Georgia en Athens. Su atacante, José Antonio Ibarra, un venezolano de 26 años que había entrado ilegalmente a Estados Unidos, fue declarado culpable de su asesinato y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
La muerte de Riley acaparó instantáneamente la atención en internet e incluso llevó a políticos como Marjorie Taylor Greene a pedir al entonces Presidente Joe Biden “mencionar su nombre” durante su discurso al congreso en marzo. Ibarra tenía historial de arrestos y fue puesto en libertad antes de ser detenido en custodia federal, un importante argumento para aquellos a favor de endurecer las leyes de inmigración.
En respuesta a este incidente, se presentó la Ley Laken Riley, cuyos defensores argumentan que evitaría tragedias similares aplicando órdenes de inmigración más estrictos. La ley exige al Departamento de Seguridad Nacional detener a todos los inmigrantes indocumentados residentes en Estados Unidos que sean arrestados por delitos como robo, hurto, atracos con violencia o hurto en tiendas, independientemente de la condición de la condena. La ley también otorga a los fiscales generales de los estados el derecho a demandar al gobierno federal si consideran que ha incumplido sus obligaciones en la aplicación de las leyes de inmigración.
Varios grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes se han manifestado en contra de la ley, argumentando que siembra el miedo y la división, promueve políticas xenófobas con el pretexto de la seguridad pública y debilita los derechos constitucionales básicos. La Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado (CIRC, por sus siglas en inglés) expresó su preocupación de que la ley pueda conducir al encarcelamiento de inmigrantes basándose únicamente en acusaciones, menoscabando directamente el principio de “inocente hasta que se demuestre lo contrario” y criminalizando aún más a las comunidades de color.
“Aunque todos queremos vivir en comunidades seguras, sabemos que esta ley no las hará más seguras”, afirmó Nicole Loy, directora de políticas y campañas de CIRC. Loy remarcó que la legislación podría erosionar la confianza entre las fuerzas policiales y las comunidades de inmigrantes, lo que llevaría a que se denunciaran menos delitos y, en consecuencia, a que todo el mundo estuviera menos seguro, según un comunicado de prensa.
Críticos como el American Immigration Council, también destacan que la ley podría aumentar significativamente el número de personas recluidas en centros de detención, muchos de los cuales están gestionados por empresas penitenciarias privadas con fines de lucro. Las estimaciones sugieren que la ley podría dar lugar a un aumento del 250% en la detención de inmigrantes, con 110,000 personas más detenidas. Adicionalmente, la ley costará a los contribuyentes aproximadamente $86 billones de dólares en tres años, según el CIRC. La posibilidad de un aumento masivo de reclusos es vista por algunos como una medida que favorece directamente a las empresas penitenciarias privadas beneficiándose del encarcelamiento masivo.
La legislación también ha sido criticada por su potencial para despojar a los inmigrantes de sus derechos al debido proceso. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) argumentó que la ley obliga a encarcelar a personas que no suponen ningún riesgo para sus comunidades, potencialmente durante años, basándose en acusaciones anteriores de delitos no violentos como pequeños hurtos. Este enfoque, según la ACLU, no toma en cuenta las complejidades de cada caso que se abre camino a través del sistema de inmigración y podría dar lugar a largos períodos de encarcelamiento para personas que no han tenido un juicio justo.
En Colorado existe un firme compromiso de oposición a los abusos federales y a las políticas percibidas como xenófobas. Nuestro estado ha implementado medidas para mantener unidas a las familias, independientemente de su estatus migratorio, ha creado vías para que los inmigrantes indocumentados puedan solicitar atención médica, permisos de conducir y otros servicios sociales sin temor a ser deportados y ha garantizado que todas las personas sean tratadas con dignidad y respeto. Los defensores de los inmigrantes exhortan a los dirigentes locales, a los oficiales electos y a los residentes a rechazar las medidas que difaman y criminalizan a las comunidades inmigrantes y a apoyar políticas que reflejen los valores compartidos de seguridad, justicia y oportunidades para todos.
La derecha del país niega vehementemente haber aprovechado el asesinato de Laken Riley con fines políticos; más bien, lo considera una forma de justicia retroactiva en su honor. Sin embargo, la Ley Laken Riley podría compararse a quemar un bosque completo para eliminar un árbol.
Traducción por Dolores Duarte para Sol del Valle