Lo ocurrido en Minnesota este invierno —incluyendo un operativo federal de inmigración que terminó con la muerte de civiles y un aumento alarmante de muertes bajo custodia del ICE— plantea una pregunta fundamental: ¿qué sucede cuando el poder federal se ejerce sin rendición de cuentas, y a quién protege realmente la Constitución en este momento?

Esa pregunta importa en el oeste de Colorado tanto como en cualquier otro lugar. Aunque aquí no hemos visto acciones a la misma escala, es evidente una creciente intromisión en la vida diaria de nuestras comunidades. En Montrose, agentes de ICE rompieron las ventanas de un vehículo para detener a una pareja. En Durango, un padre fue detenido cuando llevaba a sus hijos a la escuela. En la región, continúan las preguntas sobre la muerte de un hombre que fue arrestado por ICE y falleció bajo custodia fuera del estado. Estos hechos, lejos de ser aislados, reflejan una tendencia preocupante.

La promesa de la Cuarta Enmienda —la protección contra registros e incautaciones injustificadas— es esencial. Pero también lo es algo más elemental: la convicción de que nuestras comunidades son más fuertes cuando el poder se ejerce con moderación, justicia y humanidad. En el oeste de Colorado, donde los pueblos son pequeños y las relaciones cercanas, el equilibrio entre ley y dignidad no es una abstracción; es una práctica cotidiana.

Las familias inmigrantes son parte integral de nuestra región. Trabajan en la agricultura, la hospitalidad, la construcción, la salud y la educación; dirigen negocios, crían a sus hijos y sostienen nuestras economías locales. Son nuestros vecinos, compañeros de trabajo y amigos. Cuando las prácticas policiales generan miedo en lugar de seguridad, ese temor se expande más allá de quienes son directamente afectados. Atraviesa aulas, clínicas y lugares de trabajo, debilitando el tejido social del que todos dependemos.

Las consecuencias ya son visibles. Trabajadores agrícolas dudan en denunciar lesiones o condiciones inseguras. Los empleados vulnerables enfrentan mayor riesgo de robo de salarios y abuso laboral. Algunos padres lo piensan dos veces antes de enviar a sus hijos a la escuela. Cuando el miedo reemplaza la confianza, toda la comunidad pierde.

En las áreas rurales, donde los recursos legales son limitados y las distancias amplias, las acciones federales pueden sentirse especialmente impredecibles y difíciles de impugnar. Sin transparencia ni supervisión adecuada, el ejercicio del poder erosiona no solo derechos constitucionales, sino también la confianza pública. Y sin confianza, no hay seguridad duradera.

Este momento exige algo más que argumentos políticos. En el oeste de Colorado tenemos una larga tradición de apoyo mutuo. Valoramos el trabajo, la familia y la contribución de quienes han elegido construir aquí sus vidas. Esa ética de interdependencia —de que el bienestar de uno está ligado al bienestar de todos— es parte fundamental de nuestra identidad regional. Cuando las tácticas federales siembran miedo en lugar de estabilidad, contradicen no solo principios constitucionales, sino también los valores que sostienen a nuestras comunidades rurales.

El Congreso debate actualmente si se deben otorgar fondos adicionales al Departamento de Seguridad Nacional y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esos recursos no deben aprobarse sin una supervisión clara, límites definidos y mecanismos reales de rendición de cuentas. Ninguna agencia federal debe operar sin controles efectivos que garanticen el respeto a la Constitución y la dignidad humana.

Lo que ocurre en Minnesota, en Colorado y en todo el país no es asunto ajeno. El poder federal debe estar limitado por el estado de derecho, y todos los funcionarios electos —locales, estatales y federales— deben responder ante las personas a las que sirven. La seguridad verdadera no se construye con miedo, sino con justicia, responsabilidad y respeto por la comunidad.

Ricardo Pérez es el director ejecutivo del Proyecto de Asuntos Hispanos, una organización sin fines de lucro dedicada a promover la integración de los inmigrantes en el oeste de Colorado.


Barbara Vasquez es miembro de la mesa directiva de Western Colorado Alliance, organización que desde hace más de 45 años trabaja para crear comunidades saludables, justas y resilientes en el oeste de Colorado.

Traducción elaborada con herramientas de inteligencia artificial, redactada por Bianca Godina

Esta columna ha sido editada por motivos de longitud y claridad.