Ayuda federal para el alquiler en Colorado: ¿en peligro con el nuevo presupuesto?
Cristina Boyer, de 31 años, se encontró en una situación desesperada a finales de 2024.
Primero, su auto quedó estropeado y la indemnización que recibió del seguro no fue suficiente para comprar uno nuevo. El accidente también le hizo perder su trabajo como camarera en un hotel. Al mismo tiempo, Boyer estaba de baja temporal en su otro trabajo como para profesional en la escuela primaria McMeen de Denver. Sin ingresos, las facturas empezaron a acumularse. El cumpleaños de su hija se acercaba y Boyer se preguntaba cómo iba a terminar el mes. No pagó el alquiler y el administrador de su complejo de apartamentos amenazó con desalojar a la madre soltera y a su hija de 7 años.
“Podríamos haber estado afuera luchando por encontrar un lugar donde quedarnos”, dijo Boyer a The Colorado Sun.
Boyer pidió ayuda al enlace familiar de McMeen. Dijo que el enlace la remitió a una organización local sin fines de lucro llamada Jewish Family Services, que se había asociado con las escuelas públicas de Denver para proporcionar servicios de apoyo familiar como manejo de casos, acceso a alimentos y ayuda para el alquiler.
Dentro de unas semanas, Boyer recibió un pago del JFS que cubría seis meses de alquiler. El aviso de desalojo que pendía sobre su cabeza también desapareció. Boyer dijo que la asistencia le ha permitido reconstruir sus ahorros y le ha dado a ella y a su hija una estabilidad muy necesaria.
“Me ha dado más tiempo para ahorrar dinero para futuras facturas y necesidades”, explicó Boyer.
El caso de Boyer es un ejemplo de cómo deben funcionar los programas de ayuda para el alquiler. Alguien tiene mala suerte, se retrasa en el pago del alquiler y recibe una ayuda que le permite volver a una situación estable. Esos programas podrían ser completamente replanteados si la Solicitud de Presupuesto Discrecional Fiscal 2026 del presidente Donald Trump, también conocido como “presupuesto ajustado”, se aprueba sin enmiendas.
El presupuesto ajustado de Trump pretende eliminar $26,700 millones de dólares en financiamiento mediante la combinación de una serie de programas federales de ayuda al alquiler para crear un único subsidio estatal en bloque de ayuda al alquiler. El reajuste también instituiría un límite de dos años en la ayuda al alquiler para adultos sanos y priorizaría la ayuda para los ancianos y las personas con discapacidad. El objetivo es reducir las regulaciones federales y dar a los estados más flexibilidad para crear sus propios programas de ayuda para el alquiler, dice el documento de 46 páginas.
Sin embargo, expertos advierten que un cambio tan drástico en los programas federales de ayuda para el alquiler podría dificultar mucho más que personas como Boyer obtengan la ayuda que necesitan.
“Para estar seguros, el gobierno federal, cuando se asocia con expertos nacionales, comunidades locales y personas que han experimentado la falta de hogar, tiene un papel fundamental a la hora de hacer que los programas federales contra la falta de vivienda sean más innovadores y eficaces”, declaró Ann Oliva, directora general de la Alianza Nacional para Acabar con la Falta de Vivienda. “Sin embargo, esta propuesta no es innovadora ni eficaz. Es un desmantelamiento de sistemas y programas establecidos sin un análisis adecuado de las consecuencias para la vida humana y la salud de la comunidad”.
Ayuda especializada
Colorado asignó más de $105 millones de dólares para programas de ayuda para el alquiler en el presupuesto de 2025, con $8.8 millones de dólares de ese total procedentes de fuentes federales. Esos fondos apoyan una amplia gama de programas de ayuda para el alquiler, como los Vales de Elección de Vivienda (también conocidos como Sección 8), ayuda de emergencia para el alquiler para personas que se enfrentan al desalojo y programas locales de prevención de la falta de vivienda. Los gobiernos locales, las autoridades de vivienda pública y las organizaciones sin fines de lucro participan en la administración de estos programas.
En conjunto, las ayudas para el alquiler evitan que más de 33,000 habitantes de Colorado sean desalojadas o se queden sin hogar cada año, según datos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. El Centro de Presupuesto y Prioridades Políticas estima que la asistencia federal para el alquiler ayuda a más de 10.1 millones de personas y 5.6 millones de hogares con niños a evitar la falta de vivienda en todo Estados Unidos.
Aunque el presupuesto ajustado de Trump se refiere en términos generales a las ayudas para el alquiler, estas funcionan de forma especializada.
Por ejemplo, los Vales de Elección de Vivienda ayudan a familias, ancianos, veteranos militares y a personas con discapacidad a permitirse una vivienda a precio de mercado sin pagar más del 30% de sus ingresos. Las ayudas para el alquiler del Programa HOME Investment Partnership pueden transferirse de una vivienda a otra si el inquilino se muda. Housing Opportunities for Persons with AIDS ofrece ayudas al alquiler y servicios de apoyo a las personas con VIH/SIDA. Y la lista continúa.
Shannon Gray, portavoz del Departamento de Asuntos Locales, dijo a The Sun que Colorado “no puede asumir esta carga financiera” si desaparecen los fondos federales para vales de vivienda y ayudas para el alquiler. Gray agregó que la oficina del gobernador Jared Polis, DOLA y muchas otras agencias estatales continúan monitoreando la solicitud de presupuesto.
Cathy Alderman, vicepresidente de comunicaciones de la Coalición de Colorado para las personas sin hogar, dijo que el intento de agrupar estos programas bajo la amplia bandera de la asistencia de alquiler “demuestra una falta de comprensión de cómo funcionan estos programas”.
Pasar a un único subsidio global también podría causar confusión entre los proveedores de viviendas de apoyo y conducir a peores resultados para las personas a las que atienden, añadió Alderman.
“No tiene sentido meterlos en la misma categoría, porque tienen objetivos muy distintos”, dijo Alderman. “Lo mismo ocurre con la ayuda a la vivienda pública y los programas dirigidos a poblaciones especializadas. La razón por la que actualmente están separados es porque están destinados a proporcionar apoyo a poblaciones y propósitos muy distintos”.
Kelsi Hall es un ejemplo de cómo puede utilizarse la ayuda federal para el alquiler para resolver problemas individuales.
Hall, de 34 años, dice que se quedó sin hogar debido a sus problemas de salud mental y familiares. Estos problemas también le dificultaron mantener un empleo y mantener a su hijo, quien ahora tiene 10 años. Hall afirma que tampoco recibe pensión alimenticia del padre de su hijo, lo que le hace muy difícil pagar el alquiler de un apartamento a precio de mercado.
Mientras estaba sin hogar, Hall dice que solicitó “en todas partes” un vale de vivienda y que finalmente consiguió uno del condado de Denver. Ese vale le permitió mudarse a Renaissance West End Flats, una vivienda de apoyo gestionada por la Coalición de Colorado para los Sin Hogar.
Si no tuviera ese vale, Hall afirma que no podría permitirse pagar un alquiler en Colorado. También le preocupa perder el contacto con su hijo.
“Estoy muy agradecida por lo que me han dado”, dijo Hall a The Sun.
“Todo se detiene”.
La idea del subsidio estatal en bloque de Trump no solo haría más difícil que las personas obtuvieran ayuda, sino que también podría echar por tierra todo el ecosistema de asistencia para la vivienda.
Un subsidio estatal en bloque “pondría todo en duda” para los proveedores de vivienda, dijo Peter LiFari, CEO de Maiker Housing Partners en el condado de Adams. Los promotores de viviendas utilizan los vales como parte de las previsiones de viabilidad financiera. El número de vales disponibles también determina la duración de la lista de espera de una organización y las opciones que los proveedores de vivienda pueden ofrecer a las personas a las que atienden.
“Todo se detiene”, dijo LiFari. “De forma similar a lo que están experimentando con los aranceles los mercados de valores, dejamos de funcionar y detenemos nuestra misión principal mientras esperamos las orientaciones de una nueva entidad sobre toda la paga y los resultados administrativos que son el tiempo, el costo y el presupuesto”.
Esto ocurre en un momento en que tanto los desalojos como el número de personas sin hogar están aumentando en todo Colorado. En el último año y medio, los datos del Poder Judicial de Colorado muestran que los tribunales de Colorado han escuchado más de 51,000 casos de desalojo. En lo que va de 2025, los tribunales han cerrado 20,303 casos, lo que pone al estado en camino de superar los más de 31,000 casos cerrados en 2024.
El número de personas sin hogar también sigue aumentando en todo el estado. Según el último Point in Time Count, 18,715 personas se quedaron sin hogar en Colorado en 2024, lo que representa un aumento del 29.6% en comparación con 2023, o 4,276 personas.
Los cambios propuestos también podrían forzar a los organismos estatales a hacer “concesiones extremadamente difíciles” debido a la escasez de recursos creada, dijo LiFair. Cada estado adoptará un enfoque diferente para resolver ese problema, lo que significa que algunos grupos quedarán probablemente excluidos, añadió.
“¿Cómo esta propuesta política favorece el bien común de los afectados, tal y como estipula el presupuesto del presidente?”. preguntó LiFari. “Esa es una pregunta que quisiera me respondieran”.
Traducción por Dolores Duarte para Sol del Valle