Nadie está realmente contento con las normas de impacto acumulativo elogiadas por la Comisión de Gestión de la Energía y del Carbón de Colorado como “un gran paso a seguir”
Mark Jaffe
The Colorado Sun
Traducción por Dolores Duarte para Sol del Valle
Organismos reguladores de petróleo y gas de Colorado aprobaron el martes extensas normas para hacer frente a los impactos acumulativos de la perforación y las describieron como “un gran paso a seguir”, pero los legisladores, ambientalistas y grupos comunitarios criticaron las regulaciones por fallar en proteger a comunidades vulnerables.
Tras un año de audiencias y borradores, la Comisión de Gestión de la Energía y del Carbón de Colorado (ECMC por sus siglas en inglés) adoptó unas 60 páginas de normas para evaluar y mitigar los impactos de los proyectos de perforación de petróleo y gas- un ejercicio que la legislatura encomendó a la comisión.
“Ha sido una labor titánica”, declaró el presidente de la ECMC, Jeff Robbins. “Tenemos la normativa más protectora del país en materia de petróleo y gas, y esto se basa en ella. Pone en marcha protecciones aún más fuertes para las familias de Colorado”.
Los críticos no lo vieron de esa forma. “No exige más de lo que actualmente se requiere y crea una guía sobre cómo un operador puede perforar en comunidades desproporcionalmente afectadas”, dijo Michael Freeman, abogado del grupo ecologista Earthjustice.
Estas comunidades son de bajos ingresos, de color, tienen poblaciones vulnerables o se enfrentan a cargas ambientales desproporcionadas.
“Es hora de que prioricemos la salud”, afirmó Rachael Lehman, coordinadora de justicia medioambiental de Black Parents United Foundation. “Durante demasiado tiempo los impactos económicos han sido los únicos estándares de éxito y han sido un principio rector en la concesión de permisos”.
Uno de los principales puntos de discordia fue un requisito, incluido en el borrador de junio, de que los operadores que deseen perforar dentro de 2,000 pies de las viviendas de una comunidad desproporcionalmente afectada (DIC por sus siglas en inglés) deben obtener el consentimiento de cada residente.
La medida suscitó las críticas del sector, el cual argumentó que podría hacer casi imposible la explotación de las reservas de petróleo y gas. Fue eliminada en el borrador de agosto en el que se basa la normativa definitiva.
Esta medida suscitó una carta de 22 legisladores que afirmaban que el borrador de agosto ofrecía protecciones inadecuadas para las comunidades desproporcionalmente afectadas, por lo que no cumplía los objetivos establecidos por la ley estatal.
En 2020, la comisión adoptó una norma que exigía en las actividades de perforación un retroceso de 2,000 pies de viviendas y escuelas, a menos que el operador tomara medidas que ofrecieran una protección “sustancialmente equivalente” a las provistas por el retroceso.
Sin embargo, en los dos últimos años, casi la mitad de los 87 planes de explotación de petróleo y gas aprobados en la cordillera frontal, principalmente en la pizarra bituminosa rica del DJ Basin, se encontraban a menos de 2,000 pies de las viviendas, según la evaluación anual de los impactos acumulativos de la ECMC
“La comisión adoptó un retroceso en 2020 con mucha fanfarria, pero no lo ha aplicado”, afirmó Freeman, abogado de Earthjustice.
La mayoría de las perforaciones se realizarán en comunidades desproporcionalmente afectadas.
En su testimonio durante las audiencias sobre impactos acumulativos, Julia Rhine, abogada que representa a Civitas Resources, dijo que “sólo por la naturaleza del DJ Basin y donde se encuentran los recursos minerales … muchas zonas, tal vez la mayoría de las zonas creemos que estarán en DIC”.
La representante estatal Elizabeth Velasco, demócrata de Glenwood Springs y promotora de una ley sobre impactos acumulativos y justicia medioambiental y firmante de la carta crítica a la comisión, dijo que las normas no son suficientes a la hora de proteger a las comunidades vulnerables.
“Hemos escuchado que se han abordado un par de cosas en torno a las zonas de protección y justicia medioambiental, pero todavía hay cosas que nos preocupan”, dijo Velasco. “Tenemos que seguir trabajando en la legislación. Si no pueden hacerlo a través de una normativa, deberemos tener una legislación más vinculante”.
Las normas exigen a los operadores que evalúen el impacto de sus perforaciones dentro de una milla de sus plataformas y de los recursos hídricos hasta 2.5 millas de distancia, 5 millas si potencialmente afecta a los suministros de agua potable.
El problema es que deja la evaluación de los impactos acumulativos en manos de los operadores de petróleo y gas, que no tienen experiencia en medio ambiente ni en salud, pero sí una inclinación, dijo Heidi Leathwood, analista de política climática del grupo ecologista 350 Colorado.
Leathwood también criticó la decisión de limitar el alcance de la evaluación a una milla “a pesar de las pruebas recibidas de que las emisiones de la fracturación del petróleo están vinculadas a impactos sobre la salud a más de una milla de distancia de las instalaciones de petróleo y gas”.
Para mitigar los impactos, las normas exigen mejores prácticas de gestión y optimización de sistemas y prácticas, cuando sea pertinente.
La ECMC también ayudará a la División de Control de la Contaminación Atmosférica a hacer cumplir la norma de intensidad de metano de la división, que establece un límite de emisión equivalente por barril de petróleo y gas producido.
Las normas crean el cargo de enlace comunitario para ayudar a las comunidades con los operadores y con la comisión, así como requisitos más estrictos en materia de notificaciones y reuniones con la comunidad.
“Las medidas de procedimiento para las comunidades desproporcionalmente afectadas y la normativa sobre la intensidad de la contaminación atmosférica son pasos en la dirección correcta”, declaró Andrew Forkes-Gudmundson, director de política estatal de Earthworks. “Pero sin protecciones fundamentales ni límites cuantitativos, las protecciones de procedimiento no significan gran cosa en la práctica”.
Las reglas del juego “se cambiaron repetidamente” durante cinco años de elaboración de normas
La respuesta del sector fue variada.
“El conjunto de normas aprobadas hoy es el resultado de una directiva legal para proteger aún más a las comunidades desproporcionalmente afectadas y esperamos que funcionen según lo previsto”, dijo en un comunicado Kait Schwartz, directora del grupo comercial API Colorado.
Pero Schwartz añadió que la industria se ha enfrentado a cinco años en constante elaboración de normas mientras “los legisladores estatales han cambiado repetidamente las reglas del juego sobre el marco regulador”.La Asociación de Petróleo y Gas de Colorado, el mayor grupo comercial del estado, dijo en un comunicado que, si bien la nueva norma es “una mejora notable del proyecto original, la comisión sigue haciendo cada vez más difícil para las pequeñas empresas de petróleo y gas en Colorado poder operar, una vez más, por la adición de un sinfín de obstáculos en el proceso de concesión de permisos”.