Una propuesta de ley para aumentar las sanciones y ampliar los cargos penales por delitos sexuales que involucran a menores fue aprobada por unanimidad en el Senado de Colorado el lunes 20 de abril.
La medida, el Proyecto de Ley del Senado 15 (SB 15), es patrocinada por los senadores Dylan Roberts, demócrata de Frisco, y Byron Pelton, republicano de Sterling, así como por la líder de la mayoría en la Cámara Monica Duran, demócrata de Wheat Ridge, y el líder de la minoría Jarvis Caldwell, republicano de Colorado Springs.
Roberts, exfiscal adjunto del condado de Eagle, señaló que los casos de actividad sexual comercial que involucran a menores están en aumento en Colorado.
Un informe de 2024 del Common Sense Institute, un centro de estudios enfocado en el libre mercado, encontró que Colorado ocupó el décimo lugar a nivel nacional en reportes de trata de personas, con 84 incidentes según datos del FBI. El informe destacó que prácticamente todos los estados de EE. UU. registraron un aumento en estos reportes durante y después de 2021.
“Se trata de garantizar que la sanción [para delitos sexualez contra menores] sea la que la mayoría de los habitantes de Colorado espera, es decir, tiempo en prisión”. Dylan Roberts, demócrata de Frisco
Durante una votación preliminar la semana pasada, Roberts indicó que los delitos contra menores son cometidos en su mayoría contra “niñas menores de 18 años por hombres mayores, en su mayoría blancos y con ventajas sociales y económicas, que compran y solicitan a menores para actividades sexuales comerciales”.
Añadió que, aunque ya existen leyes contra este tipo de conducta en Colorado, el objetivo del proyecto es asegurar que los castigos sean acordes a la gravedad del delito. “Se trata de garantizar que la sanción sea la que la mayoría de los habitantes de Colorado espera, es decir, tiempo en prisión”, afirmó.
Roberts explicó que la ley actual permite una laguna legal que posibilita a los delincuentes evitar la cárcel si un juez les concede libertad condicional.
El SB 15 exigiría que una persona acusada de solicitar actividad sexual comercial con un menor cumpla al menos 364 días en una cárcel del condado como condición para recibir libertad condicional. También establece penas mínimas obligatorias para otros delitos relacionados, como el proxenetismo, la captación y explotación de menores, y el mantenimiento de un lugar para actividad sexual comercial con un menor.
Además, el proyecto tipifica como delito grave de clase 3 el contacto por internet con un menor con fines de actividad sexual comercial, lo que podría conllevar entre cuatro y 12 años de prisión. Otra disposición cambia el término “prostitución infantil” por “actividad sexual comercial con un menor” en la legislación vigente.
“Este proyecto es tan importante porque surge de las víctimas y los defensores”, dijo Pelton. “Están viendo el aumento en la solicitud de menores y quieren atacar la demanda. Eso es lo que busca esta ley”.
Otros intentos han fracasado
Aunque el proyecto fue aprobado por unanimidad en el Senado, iniciativas anteriores para eliminar por completo la posibilidad de libertad condicional en delitos sexuales contra menores han fracasado en el Capitolio.
El intento más reciente, el Proyecto de Ley del Senado 111, que buscaba eliminar la libertad condicional para ciertos delitos graves de agresión sexual infantil, fue rechazado en marzo por cuatro demócratas en el Comité Judicial del Senado. Roberts fue el único demócrata del comité que votó junto a los republicanos para avanzar la medida.
Los legisladores que votaron en contra expresaron preocupación por las sentencias obligatorias, señalando que podrían limitar la capacidad de los jueces para considerar las particularidades de cada caso y generar consecuencias no deseadas para las víctimas. También mencionaron el impacto fiscal: el proyecto se estimaba en 3.5 millones de dólares debido al aumento en encarcelamientos, en un momento en que el estado enfrenta un déficit presupuestario de más de mil millones de dólares.
El senador Nick Hinrichsen, demócrata de Pueblo, quien votó en contra de esa propuesta anterior, sí apoyó el SB 15 durante su revisión en comité.
“Como principio filosófico, me cuesta apoyar las penas mínimas obligatorias porque creo que la discreción judicial es fundamental para el debido proceso”, dijo Hinrichsen. “Sin embargo, este tema es tan significativo que puedo dejar eso de lado, y no es una barrera para apoyar este proyecto”.
El SB 15 pasará ahora a consideración de la Cámara de Representantes.